El descarado negocio con la pobreza
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Resulta intolerable que detrás de cada política social destinada a mejorar la calidad de vida o los ingresos de los más desposeídos del país, o cada vez que hay recursos públicos para distribuirles, se instale una trampa para birlar parte de estos recursos o se monten maquinarias burocráticas destinadas a sacar provecho de la situación.
Todo indica que un problema de probidad ronda a gran parte de la administración pública chilena, pero es literalmente lacerante la corrupción y el desorden administrativo grave que favorece a unos pocos en el ámbito de las políticas sociales, como salud, educación, capacitación para el trabajo o deportes. Ocurre en la Junaeb, el Sename, el Sence, los fondos para recreación y deportes, los medicamentos en los consultorios municipales y un largo etcétera.
Es posible que la mayor transparencia actual sobre las actividades de los gobernantes permita conocer más y de mejor manera los hechos de corrupción que desde siempre habrían dominado la escena pública nacional. Es conocida la anécdota del ex Presidente Carlos Ibáñez del Campo, a quien, a mediados de los años 50 del siglo pasado, durante un cambio de gabinete, le propusieron un nombre que le sonaba metido en un escándalo previo. Efectivamente, el personaje había participado en un negociado de vehículos mientras estaba en un servicio público. La conclusión del Presidente Ibáñez habría sido: “El que toca camioneta, no toca ministerio”, para desechar el nombre.
Es que el origen de la apropiación corporativa del Estado y de sus políticas por grupos o verdaderas mafias tiene la puerta de entrada en la política, y en la composición de los gobiernos, cuando reclutan el personal estatal superior. Es en los ministerios o direcciones superiores de los servicios donde se deciden los grandes negocios, las compras y los beneficios que la política pública puede distribuir. Si la calidad ética de ese personal es débil o mala, y ello se junta con la discrecionalidad administrativa, la falta de control y la despreocupación gubernamental, la mesa queda servida para la corrupción.
En el último tiempo, particularmente a partir de las investigaciones sobre el financiamiento ilegal de la política, ha quedado en evidencia que prácticamente sectores enteros del Estado, o actividades trascendentes para el ejercicio del gobierno, son lugares de corrupción o escándalos. Ha ocurrido con el Ejército, con Carabineros, con Gendarmería, con concesiones de infraestructura, entre otros, e, incluso, existe la evidencia de delitos de cohecho en la dictación de leyes fundamentales para la República.
Todo esto ha acontecido prácticamente a vista y paciencia de los órganos de control, de manera permanente y por muchos años, y casi sin consecuencias para los autores. Por ejemplo, en todos los hechos de corrupción desatados el último tiempo nunca se ha sabido absolutamente nada, ni para bien ni para mal, de la llamada Auditoría General de Gobierno, creada con mucho bombo durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle y enterrada burocráticamente bajo el de Ricardo Lagos. Nadie sabe qué hace o siquiera si existe todavía.
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