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La reacción popular de los mexicanos no se hizo esperar. Más de veinte mil personas se manifestaron en el Zócalo de Ciudad de México. La asistencia de agremiados de las grandes centrales obreras del país y del partido en el poder fue destacada. Diputados, senadores y servidores públicos acudieron a la concentración en apoyo al presidente. En varios estados de la República hubo manifestaciones similares para respaldar la medida. Con el fin de tranquilizar a otros sectores de la economía y el comercio nacionales, Cárdenas hizo declaraciones en el sentido de que la expropiación había sido una disposición excepcional que no afectaría a otras actividades productivas y que no había razón para que los inversionistas extranjeros y empresarios mexicanos se alarmaran. Eso sí: fue una medida nacionalista y revolucionaria.
Josephus Daniels, embajador estadounidense en México, de inmediato escribió al secretario de Estado de su país, Cordell Hull, para afirmarle que la expropiación había sido una reacción ante el miedo que tenía el gobierno cardenista de que se diera una alianza entre las compañías extranjeras que actuaban en México para afectar la economía nacional, para lo cual además se aplicaron estratagemas legales a fin de combatir la legislación respectiva que provenía de la Constitución de 1917, concretamente, el artículo 27.
Mientras, el subsecretario del Departamento de Estado estadounidense, Summer Wells, declaró el 21 de marzo que, con respecto a las relaciones bilaterales, la expropiación tendría efectos en la negociación de los acuerdos vinculados con otros temas, como lo del territorio de El Chamizal o la fijación de los límites de los ríos Bravo y Colorado, pero también en un posible acuerdo comercial que el secretario de Hacienda, Eduardo Suárez, había estado negociando con antelación.
El gobierno británico, por su parte, envió notas al gobierno mexicano en el sentido de que se reservaba los derechos en contra de la sentencia que había dado a conocer la Suprema Corte, así como del laudo del 18 de diciembre de 1937 y del propio decreto expropiatorio del 18 de marzo, que se habían dado como consecuencia del amparo promovido por las compañías británicas, encabezadas por El Águila.
Los dirigentes y accionistas de las compañías expropiadas enviaron un memorial al secretario de Estado norteamericano para exigir una acción inmediata a fin de recuperar sus bienes e inversiones, calculados –según ellos– en 450 millones de dólares que el gobierno mexicano debía indemnizar a la brevedad. Ante esto, el embajador Daniels se entrevistó con el presidente para expresar la postura de Estados Unidos en el sentido del cumplimiento de las obligaciones contraídas. Cárdenas respondió que, desde luego, el gobierno saldaría la deuda, siempre y cuando se negociara su verdadero valor para efectuar el pago.
En Estados Unidos muchos sectores antimexicanos en el Senado y la Cámara de Representantes, aliados con los dirigentes de las compañías expropiadas, iniciaron una intensa campaña de desprestigio contra el gobierno cardenista, como lo informó puntualmente el cónsul mexicano en Washington, Francisco Castillo Nájera. El secretario Hull exigió el pago inmediato a las petroleras, además de la reintegración de las propiedades, y amplió el exhorto para pedir la devolución de bienes a sus conciudadanos afectados por la reforma agraria desde tiempos revolucionarios. El embajador Daniels intervino para atenuar los ánimos y solicitar al secretario de Relaciones Exteriores, Eduardo Hay, no responder a las provocaciones y exigencias mientras no se diera una negociación diplomática formal.
Antes de concluir marzo, Estados Unidos y Gran Bretaña acordaron restringir el mercado petrolero relacionado con México. El presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt giró instrucciones para bajar la importación de plata y otros productos de la minería nacional. El canciller Hay, el embajador Daniels y el secretario Hull se reunieron para negociar el tema de la indemnización a las compañías petroleras: el acuerdo se estancó porque estas establecieron que era necesaria también la devolución de las propiedades para recuperar la inversión original y costos de producción realizados antes del decreto expropiatorio.