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Después de más de diez años de expedida la Ley 975, llamada de Justicia y Paz, una de las principales críticas de víctimas y expertos sigue siendo la incapacidad del aparato judicial para juzgar a militares, políticos y empresarios, quienes, sin portar un brazalete de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), colaboraron con su expansión y financiaron sus crímenes.
En 2005, cuando se expidió esa, nunca se pensó que una misma jurisdicción podía investigar a los excombatientes y a los civiles; tampoco se calculó la cantidad de terceros involucrados con la guerra. Esa norma de justicia transicional contempló que quienes salieran salpicados por los exparamilitares serían investigados por la justicia ordinaria. El proceso era sencillo: se enviaba la información a otra unidad de la Fiscalía para iniciar un nuevo proceso. Eso es lo que se conoce como compulsa de copias. (Leer más en: ¿Se perdió la oportunidad de juzgar a los colaboradores del paramilitarismo?)
Enlas confesiones de los exmiembros de las Auc salieron a relucir algunos nombres conocidos por la opinión pública, entre ellos el fallecido esmeraldero Víctor Carranza, el empresario William Vélez, el ganadero Santiago Uribe (hermano del senador y expresidente Álvaro Uribe). También empresas como Drummond, Chiquita Brands, Postobón, Ecopetrol y la Federación Nacional de Ganaderos.Respuesta:
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