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Respuesta: En la primaria, a todos nos enseñaron que el Estado está conformado por un poder público denominado Soberanía, el cual recae exclusivamente sobre el pueblo como lo establece el artículo 3º de la Constitución Política, y del que se desprenden tres ramas, unos órganos autónomos e independientes y otras tantas instituciones. Lo más martillado por los profesores, en este sentido, fue lo relativo a las ramas del poder público. Quienes recuerdan, ellos repetían que el poder recae en el pueblo y que dichas ramas son la administrativa, legislativa y judicial, sin embargo no sostuvieron o por lo menos no lo plantearon a profundidad que ese poder si bien en teoría recae en el pueblo es limitado a punto tal de convertirse en represivo.
Desafortunadamente, esos profesores olvidaron detalles de gran importancia. Por ejemplo, no nos comentaron que el poder público, que en teoría recae en el pueblo, es limitado con el fin de no convertirse en represivo. También, no nos dijeron que los defensores del pueblo, los contralores y los procuradores los terminan eligiendo quienes hacen las leyes en contubernio con el presidente y los gobiernos departamentales y locales, y no el pueblo directamente. Incluso, a los docentes se les escapó que las fuerzas públicas (entre ellas la policía nacional) no son un poder independiente, sino que están subordinadas a la rama ejecutiva del poder público y no tienen funciones judiciales en el estricto sentido*.
Y es tal vez en esto último donde más tenemos vacíos. Como nos formaron unos profesores que no nos dijeron todo, porque los libros de sociales solo hablaban de lo básico y no de lo fundamental, entonces no sabemos a ciencia cierta cuáles son los límites de las fuerzas públicas y, en particular, de la policía. Por esto, hoy por hoy nos parece lo más corriente un raqueteo abusivo por parte de los agentes del orden, una allanamiento sin orden judicial, un batida, una obstrucción a la movilidad por supuesta revisión de antecedentes a manos de los agentes de la policía, entre otras cosas. De hecho, nos parece tan normal que consideramos justas y legales sus acciones.
Sin embargo, no debe ser así. El reciente señalamiento elevado por la policía metropolitana de Ibagué hacia unos jóvenes a quienes el poder judicial no los ha investigado siquiera, es una muestra de un actuar atípico de la policía. Después de la quema de un par de Centros de Atención Inmediata (CAI) en la ciudad el pasado 29 de Agosto, la METIB (policía metropolitana de Ibagué) se tomó el atrevimiento de individualizar sin pruebas a quienes, según ellos, "participaron en los desmanes que ocasionaron daños a los bienes del Estado" y, de paso, marcarlos públicamente como delincuentes.
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