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Finalmente, el Gobierno radicó esta semana la reforma tributaria. Proyecto inequitativo, facilista y que en su afán recaudador impedirá, una vez más, que la política fiscal se ponga al servicio de la competitividad del país y de la generación de empleo productivo. Cosas muy malas trae esta reforma, como la ampliación del IVA a toda la canasta familiar y su muy difícil devolución a los estratos más pobres. Muy mala propuesta también que a las personas naturales se les sigan limitando los beneficios en el impuesto sobre la renta, y más aún cuando se propone elevar las tarifas nominales de tributación para los profesionales, generando un incremento del impuesto sobre la renta que fluctúa entre el 13 y el 37 %.
Estos aspectos muestran que la gran afectada con la reforma será la clase media, que después de haber soportado las dos últimas reformas ahora tendrá que asumir una mayor carga tributaria. Sorprende sí que la reforma no se fije ningún objetivo o meta en el control de la evasión y el contrabando, que hoy erosiona el fisco en cerca de 80 billones de pesos anuales, y en relación con el cual no se requiere la expedición de normas, sino la ejecución de planes concretos a los sectores que se han mantenido al margen de la tributación. Se reduce la tarifa del impuesto sobre la renta del 33 al 30 %, al tiempo que se contempla la posibilidad de recuperar el IVA de los bienes de capital, el ICA y el 4 x 1.000, mediante su aplicación como un descuento del impuesto sobre la renta. Estas iniciativas, que coinciden parcialmente con el proyecto presentado por nosotros, son vitales para reducir la tasa efectiva de tributación de los negocios a niveles que les permitan ser competitivos a los empresarios colombianos.
Ojalá se apliquen en forma plena desde el año 2019 y no en forma gradual, en 3 o 4 años, como lo hace el proyecto. Buena la propuesta de eliminar la renta presuntiva, engendro creado en la reforma tributaria del año 1974 y que solo ha servido para frenar el crecimiento de las empresas. Pero al igual que las anteriores, el proyecto prevé que será en 3 años. Pero, como ocurre siempre en materia tributaria, las cosas malas son de vigencia inmediata y las buenas se dilatan en el tiempo.
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