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El acuerdo de paz colombiano de 2016 ha llevado a más de 10.000 guerrilleros de las FARC al umbral de la vida civil. Sin embargo, en el camino ha dejado a grupos rivales luchando por el control de los territorios desalojados y por el rentable cultivo de coca. Para contener la floreciente producción de estupefacientes y frenar la expansión de grupos no estatales, el Gobierno colombiano deberá proporcionar medios de subsistencia alternativos para los campesinos locales, así como desarrollar mejoras en la seguridad y la gobernanza a nivel comunitario.
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