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28 de septiembre de 1821 se instaló una Junta Provisional de Gobierno, encargada de redactar el Acta de Independencia y de organizar un congreso que decidiera la forma de gobierno para el país.
La situación era difícil. Habían muerto seiscientos mil hombres: casi la décima parte de la población y la mitad de los que trabajaban. Minas, campos y fábricas estaban abandonados; casi nadie pagaba impuestos y los gastos del gobierno aumentaban día con día, sobre todo para mantener al ejército.
Hasta entonces las tierras de los indígenas pertenecían a los pueblos y no a las personas. Las trabajaban entre todos los habitantes del pueblo y nadie podía venderlas. Como los indígenas no estaban acostumbrados a que la tierra fuera propiedad privada, la igualdad de todos los mexicanos ante la ley los dejó en desventaja frente a los criollos.
España no reconoció los Tratados de Córdoba que O' Donojú había firmado. No aceptó que México era independiente, y hasta 1825 siguió ocupando el fuerte de San Juan de Ulúa, en Veracruz. Además de España, otros países europeos querían apoderarse de México, para explotar sus riquezas.
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