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En 1952, Bolivia era una sociedad predominantemente rural, la mayoría de su población estaba sólo marginalmente integrada en la economía nacional. De todas las personas económicamente activas listadas en el censo de 1950, el 72 por ciento estaba involucrado en la agricultura o en las industrias afines1. Aún así, esta fuerza de trabajo solamente producía alrededor de 33 por ciento del producto interno bruto, una discrepancia que claramente indica el serio retraso económico de este sector. Aunque Bolivia tenía un sector minero moderno, pero envejeciendo, poseía por el contrario pocas industrias nacionales. Sólo una minoría de los trabajadores participaba del sector moderno de trabajo. La mayoría de los trabajadores eran agricultores que producían cosechas tradicionales del Altiplano Andino. Aunque mayormente rural y agrícola, Bolivia ni siquiera podía alimentar a su población nacional a mediados del siglo XX. A través de la constante expansión del sistema de hacienda, la distribución de la tierra se convirtió en una de las más injustas de América Latina. El 6 por ciento de los dueños de las tierras que tenían 1.000 hectáreas o más de tierra controlaba el 92 por ciento de la tierra cultivable de la república. Aún más, esas grandes extensiones de tierra eran subutilizadas, pues, de la propiedad de 1000 hectáreas, se cultivaba sólo el 1.5 por ciento de estas tierras. En el extremo opuesto, estaba el 60 por ciento de los propietarios que poseía 5 hectáreas o menos, verdaderos minifundios, que contaba sólo con el 0.2 por ciento de toda la tierra y que fue forzado, en promedio, a poner el 54 por ciento de sus tierras para el cultivo (ver tabla 1 )2. La extrema desigualdad en la división de la tierra era esencial en el control del trabajo rural. Poseyendo las mejores tierras en todas las zonas de la república, los hacendados obtenían su fuerza de trabajo ofreciendo el usufructo de las tierras a cambio de trabajo. A los Indios se les exigía proveer de semillas, herramientas y, en algunos casos, incluso animales para el trabajo, lo que dejaba al dueño con pocos elementos de capital que proveer. Incluso se exigía a los Indios transportar el producto final al mercado. El hacendado también exigía servicio para él, su familia y sus capataces. El Pongueaje (la obligación de servicio personal) era parte de los requisitos de trabajo de los Indios desde los tiempos coloniales. Pero no hacía de esta obligación nada menos onerosa. Este sistema no involucraba la deuda del peonaje u otras formas de fuerza, y los Indios tendían a trasladarse de latifundio y retornar sin restricciones, pero el incremento de la presión sobre la tierra de las áreas comunales libres, especialmente después de la última era de expansión de las haciendas desde la década de 1880 a la década de 1920, obligó a los campesinos a adaptarse al sistema.
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