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En conferencia de prensa, el congresista Daniel Alarcón, excontralor de la República con varios juicios abiertos, difundió las conversaciones en donde se escucha al presidente Martín Vizcarra solicitar a su asesora encubrir las irregularidades en la contratación de Richard Cisneros, e incluso mentir ante la Comisión investigadora del caso en el Congreso. Alarcón anunció que ello demostraba la mentira del presidente y era muestra de “incapacidad moral” causal de vacancia contemplada en la Constitución.
Acto seguido a la difusión de los audios, el presidente del Congreso, Manuel Merino Lama (de la bancada Acción Popular), convocó a una sesión de portavoces de los partidos para evaluar si solicitaban una comisión investigadora o si impulsaban la destitución de Vizcarra por incapacidad moral.
Finalmente, con la firma de 31 legisladores, se presentó la moción de vacancia presidencial. La sesión del Pleno se trasladó al mediodía del viernes 11 de septiembre. Al no conseguir mayoría calificada pero sí mayoría simple inicia un juicio político que no debe durar más de quince días y en el cual el presidente deberá exponer su defensa en dos sesiones del Pleno. Al cabo del juicio, el Congreso votaría nuevamente la vacancia, la cual puede ser aprobada aquí por mayoría simple si el presidente no consigue negociar nuevos apoyos.
De producirse la vacancia presidencial, Vizcarra dejaría el cargo y asumiría el actual presidente del Congreso, Manuel Merino, quien por mandato constitucional debería convocar a elecciones generales en un plazo máximo de 3 meses.
La crisis política es bastante profunda. Las fuerzas que impulsan la vacancia son básicamente el APRA, el fujimorismo y estas bancadas y personajes del Congreso que tienen intereses subalternos, pretenden orientar debates y llevar adelante decisiones fundamentales como el impedimento de postular a candidatos sentenciados (varios congresistas, como Urresti, entre ellos) o el financiamiento de partidos políticos.
Sin negar que Vizcarra debe ser investigado, las elecciones están convocadas y el Congreso no tiene la legitimidad para impulsar una nueva vacancia. En general, se hace evidente la necesidad de un cambio de Constitución y cambios de fondo.
Respuesta:
Al grave impacto de la pandemia de coronavirus en Perú se suma una nueva crisis política que enfrenta a los poderes Legislativo y Ejecutivo.
La crisis política es un déjà vu en Perú. Este martes (04.08.2020), en medio de uno de los peores brotes del nuevo coronavirus de América Latina, el Congreso peruano le negó la confianza al gabinete del primer ministro Pedro Cateriano. El gabinete había asumido su gestión apenas 19 días antes.
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