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Las elecciones parlamentarias de Venezuela de 2020 están convocadas para el 6 de diciembre de 2020[1] y renovarán todos los escaños de la Asamblea Nacional. Los diputados electos durarán cinco años en el ejercicio de sus funciones,[2] por el período constitucional comprendido entre el 5 de enero de 2021 y el 5 de enero de 2026.[k]
Los partidos opositores que conforman la Mesa de la Unidad Democrática acordaron unánimemente no participar en las elecciones parlamentarias, citando denuncias de irregularidades en la planificación de los comicios y sosteniendo que probablemente sean fraudulentos. 27 partidos firmaron el acuerdo, incluyendo a los partidos principales Acción Democrática, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo y Voluntad Popular.[3]
La oposición ha criticado la designación del Tribunal Supremo de Justicia de los integrantes del Consejo Nacional Electoral, señalando que es competencia de la Asamblea Nacional, y al menos siete partidos políticos han sido intervenidos judicialmente, incluyendo a Acción Democrática, Primero Justicia, y Voluntad Popular.[4] Los políticos opositores Henrique Capriles y Stalin González inicialmente hicieron un llamado a participar en las elecciones, pero se retiraron posteriormente para exigir mejores condiciones electorales.[5] Como respuesta, Juan Guaidó convocó a un Pacto Unitario junto a los dirigentes de 37 partidos políticos, reiterando “no participar en el fraude del régimen y convocar una consulta popular”.[6]
El Grupo de Lima, el Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela, los Estados Unidos y la Unión Europea han expresado su rechazo ante las acciones para convocar a unas elecciones parlamentarias en 2020 sin condiciones libres ni justas.[7] El Grupo Internacional de Contacto, encabezado por Uruguay, lamentó una renovación del CNE que "socava la credibilidad del próximo proceso electoral",[7] y la Organización de Estados Americanos (OEA) rechazó la designación "ilegal" del CNE y recordó que se necesitan unos organismos independientes para celebrar unas elecciones "justas, libres y transparentes" en el país.[8] La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, liderada por Michelle Bachelet, indicó que "las recientes decisiones del Tribunal Supremo de Justicia disminuyen la posibilidad de construir condiciones para procesos electorales creíbles y democráticos" y “nombran nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral sin el consenso de todas las fuerzas políticas e interfieren en la organización interna de dos de los principales partidos políticos de la oposición”