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El Conflicto Armado Interno – también denominado Guerra en Guatemala, Guerra Civil en Guatemala o Enfrentamiento Armado en Guatemala– fue la guerra civil interna ocurrida en Guatemala entre 1960 y 1996, que enfrentó el Ejército de Guatemala con civiles subversivos, organizados en una guerrilla. La guerra, que duró 36 años, dejó 250 000 personas muertas o desaparecidas. El enfrentamiento culminó de manera oficial con la firma de los Acuerdos de Paz (Diccionario Histórico Biográfico, 2004).
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La ligazón entre reforma política y paz tiene que ver con aspectos sustanciales. No con la letra menuda de indultos, zonas de distensión, circunscripciones especiales y demás temas que pueden ser importantes para consolidar un proceso, pero no para sostenerlo.
Un primer aspecto fundamental es la garantía de la vida de los actores políticos.
-Porque si me desarmo me matan como lo hicieron con Guadalupe Salcedo o con Carlos Pizarro. Porque en este país los asesinos de los líderes populares nunca son convictos ni apresados"
Son argumentos contundentes, frente a los cuales no hay respuesta todavía. (Claro que todavía hay muchos que no tienen conocimientos ¿Y dónde está la izquierda?)
Una reforma política que favorezca la paz tiene que poner punto final a los crímenes políticos como medio para acabar con la oposición real, (no la oposición virtual del bipartidismo). Hay que crear ya una Comisión de Verdad y Justicia para que hablemos pública y claramente del genocidio de la Unión Patriótica, de los asesinatos de Pardo Leal, Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo, Carlos Pizarro. Para que los instigadores de la criminalidad política, los que manejan medios de comunicación, poder político o económico, los que ordenaron, pagaron, aplaudieron o promovieron estos crímenes, salgan de sus escondites y respondan por sus actos. Y no se los carguen solamente a los autores materiales o al narcotráfico. Si ello no sucede, si no hay una catarsis nacional, el odio y el miedo, principales alimentos de la violencia, seguirán anidando en el alma de los colombianos. Esa Comisión de Verdad y Justicia no puede ser solamente para acompañar las próximas negociaciones. Tiene que empezar por establecer la responsabilidad de los crímenes políticos cometidos durante los procesos de paz que vienen desde 1982, muros de impunidad que deben ser derribados para hacer posible el tránsito a futuros procesos.
Si articulamos esta propuesta con la creación de la Corte Penal Internacional, podríamos pensar que dicha comisión sea también de Instrucción preliminar que mire las causas de la disfuncionalidad de la justicia colombiana frente a los crímenes atroces que serían competencia de la Corte, para poder determinar los mecanismos de complementariedad entre la justicia colombiana y la justicia internacional.