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El monopolio de la fuerza física y el aumento de la seguridad son sin duda dos variables que se han tenido en cuenta por las ciencias sociales y humanas para evaluar el proceso de construcción del estado nacional. La definición clásica dada por Weber para definir el Estado como “aquella comunidad humana que dentro de un territorio determinado –esto, el ‘territorio’ es la clave– ha logrado (con éxito) el monopolio del uso legítimo de la fuerza física”[1], ha sido fundamental para entender la entidad nacional; sólo hasta finales del siglo pasado se aceptó por la comunidad científica integrar al paradigma el monopolio fiscal propuesto por el sociólogo alemán Norbert Elias.[2] Autores como Anthony Giddens han cuestionado el protagonismo del control de la violencia en la formación del Estado Nación, para este autor el monopolio de la fuerza física es un resultado de la construcción estatal pero no necesariamente una característica fundamental de la estatalidad. En su concepción, Giddens define al estado en términos de su capacidad de movilizar los medios de violencia e imponer sus reglas por un territorio determinado.[3]
El proceso de formación estatal en Europa está relativamente bien estudiado para el centro del continente, según la visión sintética de Charles Tilly el continente europeo habría experimentado la construcción de monarquías centralizadas que gradualmente disminuyeron e incluso eliminaron el poder local y regional durante los siglos XV al XVIII. El siglo XIX presenció la consolidación del proceso, específicamente la burocratización del poder político y el control interno, el desarme de la población civil y el vuelco hacia la conquista exterior.[4] Esto ha llevado a autores a considerar que el incremento de la violencia en América es el resultado de un proceso de democratización muy rápido y radical, tal como lo planteó el historiador holandés Pieter Spierenburg al referirse a Estados Unidos: “el continente norteamericano se movió hacia el mundo moderno casi de la noche a la mañana, sin atravesar por el extenso desarrollo que caracterizó a las sociedades europeas.”[5]
Trabajos recientes desde una perspectiva comparada reducen el peso dado al poder político en la construcción del Estado latinoamericano, en cambio se brinda mayor importancia a las instituciones, tal es el caso de Marcus J. Kurtz, quien se pregunta cuál es la capacidad de las instituciones públicas para imponer sus políticas (impuestos, redistribución de ingresos, proveer bienes públicos, imponer estrategias de mercado o desarrollo, entre otras), en especial en sociedades cuyos actores tienen un interés particular y se resisten a dichas imposiciones ejerciendo ellos mismo un poder político o económico.[6] La consolidación del poder político y fiscal es factor de análisis importante desde esta perspectiva, pero ya no se encuentra limitado al “monopolio de la violencia” sino al “control del territorio” (aspecto muchas veces obviado en la definición weberiana), que no es resultado de un proceso unívoco sino fruto de una tradición histórica que construye el estado a partir de lo posible, lo deseable y lo realizable, y por ende involucra la acción del estado no sólo a nivel de legitimidad sino además de acciones económicas, de extensión de su dominio, de la capacidad de imposición de políticas y finalmente del ejercicio del poder simbólico.[
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