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Sabemos que uno de los rasgos decisivos de los crímenes políticos es que nunca se termina de saber la verdad. O hay muchas verdades, lo cual viene a ser más o menos lo mismo. En el mejor de los casos, se logra detener a los autores materiales del crimen, pero es muy difícil que los responsables intelectuales paguen por esa muerte. El secreto y la impunidad suelen ser la constante. Así fue antes y así parece ser ahora.
Hablo de los crímenes cometidos desde el poder, crímenes que el poder desconoce o en los que alega inocencia. Después están las ejecuciones, que pueden o no ser condenables, pero se hacen a la luz del día con la firma de los autores de la orden. Manuel Dorrego -por ejemplo- fue fusilado, y su ejecución ha sido considerada uno de los grandes errores políticos cometidos por los gobernantes de turno. Sin embargo, la condena histórica no puede desconocer que el general Lavalle se hizo cargo de esa muerte, responsabilidad que asumió por escrito.
Casos diferentes son las muertes de Facundo Quiroga y Manuel Vicente Maza, asesinatos cuyos autores materiales fueron detenidos, aunque no hay acuerdo respecto de los autores intelectuales. A esos dos crímenes políticos -Quiroga y Maza- le podemos sumar el presunto envenenamiento del obispo Benito Lué y Riega, episodio ocurrido en marzo de 1812 y cuyos autores probables fueron los miembros del Primer Triunvirato, interesados en eliminar en secreto a un obispo contrarrevolucionario que conspiraba con los realistas de Montevideo, Córdoba y el Alto Perú
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