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La libertad de información y expresión goza de la máxima protección constitucional. Pero como todo derecho a ejercerla tiene sus límites. Especialmente cuando bajo el pretexto de su disfrute pleno y sin cortapisas se amparan conductas lamentables como la difamación, a saber: el ánimo de dañar, de acusar a una persona de hechos falsos que pueden afectar a su honor, su dignidad o su reputación. Y éste es el caso.
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