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Como resultado de la crisis de 1930, los países tradicionalmente consumidores de las producciones latinoamericanas implementaron altas tarifas arancelarias –con el fin de proteger e impulsar sus propios sectores primarios– o, simplemente, suspendieron las importaciones. En consecuencia, las exportaciones de bienes primarios de los países periféricos cayeron y en las sociedades latinoamericanas esto provocó la falta de divisas suficientes para mantener el nivel de las importaciones. La crisis alteró la división internacional del trabajo que se había consolidado desde mediados del siglo XIX, y a la que la Argentina se había incorporado como productora de materias primas y alimentos.Frente a estos cambios en la economía mundial, los grandes terratenientes y comerciantes exportadores, nucleados en la Sociedad Rural Argentina (SRA), terminaron por coincidir en sus orientaciones económicas con los grupos industrialistas, asociados en la Unión Industrial Argentina (UIA): ambos aceptaron el desarrollo de la actividad industrial como una solución para los problemas de la economía nacional. Los poderosos hacendados invernadores (…) aceptaron algunas medidas oficiales –como el control de cambios o el aumento de los impuestos– que indirectamente impulsaban el desarrollo industrial, porque por esa vía se reducían las importaciones. Por su parte, la UIA aceptó otras medidas gubernamentales –como la devaluación– que perjudicaban el desenvolvimiento de algunas industrias, porque entendían que se trataba de “salvar las actividades vitales para el país y que el relativo sacrificio que ellas pueden demandar es no sólo una contribución indispensable para el beneficio de la colectividad, sino, además, para los propios intereses fabriles, cuyo desarrollo sería utópico con un mercado interno agotado en su capacidad de adquisición y en sus recursos.