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En días recientes conmemoramos el 103 aniversario de la promulgación de nuestra Carta Magna. Uno de los principios sobre los que se finca la Constitución mexicana es la soberanía popular. Esto significa que todo el poder procede del pueblo, lo cual garantiza el derecho de los ciudadanos a participar en la política, a votar de forma libre en la elección de autoridades, además de que la propia Constitución establece las funciones del Estado, regula sus órganos, el ámbito de sus competencias y las relaciones entre ellos.
Al mismo tiempo la Constitución establece los límites de quienes ejercen el poder, reconoce los derechos humanos y garantiza los mecanismos para su protección. Es cierto que el documento de organización del Estado mexicano que se presentó el 5 de febrero de 1917, no es el mismo que está vigente en el 2020. Se han reformado muchos de los 136 artículos que la integran. Obviamente en el transcurso del tiempo ha cambiado el orden político, económico y social de México. En ese sentido, la reflexión de esta presentación no es el diagnóstico de nuestra Constitución, sino algo más simple: destacar una reforma, un texto que no existía en la original. Nos referimos al artículo 113 constitucional vigente, el cual establece el Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Qué ha pasado en nuestro país que fue necesario incluir en la Constitución el combate a la corrupción?