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Respuesta:
El anteproyecto de ley pretende derogar la vigente Ley Orgánica de Educación, aprobada en el año 2006 a propuesta de un Gobierno del que era vicepresidenta la ministra Fernández de la Vega, ahora consejera permanente del Consejo de Estado. Preside la sección a la que por razón de la materia corresponde redactar la ponencia que ha de presentarse a la aprobación de la permanente, como así ha sucedido. Es jurídicamente defendible que no le afecten las incompatibilidades e inhibiciones establecidas para los consejeros. Pero me parece que un mínimo de talante democrático hubiera debido llevarla a no participar y menos aún a ser ponente en un texto que, en puntos centrales no meramente técnicos, revela una filosofía distinta a la por ella defendida, que ha quedado de manifiesto en el dictamen, aprobado por admirable unanimidad.
Explicación:
La corrupción corroe la democracia. La dañan también actitudes de quienes, de algún modo, cuestionan el pluralismo político. Aunque parezca sorprendente, algo de eso asoma en el reciente dictamen del Consejo de Estado sobre el anteproyecto de Ley para la Mejora de la Calidad Educativa. El ministro de turno no tenía obligación de remitirlo al Consejo de Estado, supremo órgano consultivo del Gobierno. Desconozco por qué solicitó que fuese al pleno y a los dos días cambió para la permanente. Pero no interesa ahora detenerse en aspectos de procedimiento, ni en la valoración global del dictamen, sino en unos puntos que no merecen un juicio positivo desde principios democráticos.
El anteproyecto de ley pretende derogar la vigente Ley Orgánica de Educación, aprobada en el año 2006 a propuesta de un Gobierno del que era vicepresidenta la ministra Fernández de la Vega, ahora consejera permanente del Consejo de Estado. Preside la sección a la que por razón de la materia corresponde redactar la ponencia que ha de presentarse a la aprobación de la permanente, como así ha sucedido. Es jurídicamente defendible que no le afecten las incompatibilidades e inhibiciones establecidas para los consejeros. Pero me parece que un mínimo de talante democrático hubiera debido llevarla a no participar y menos aún a ser ponente en un texto que, en puntos centrales no meramente técnicos, revela una filosofía distinta a la por ella defendida, que ha quedado de manifiesto en el dictamen, aprobado por admirable unanimidad. No seré yo quien discuta esa filosofía, ni tenga que explicarla.
Uno de esos puntos, a los que se dedica una extensión desproporcionada a su limitada aplicación, es el de la educación diferenciada. El dictamen recuerda que la coeducación se introdujo en España en 1970 por la ley conocida como de Villar Palasí, a quien tengo por maestro, y se constata que ha sido asumida por la mayoría de los centros privados. La ley del 2006 determinó que los colegios con educación diferenciada no podrían contar con la ayuda pública prevista en los correspondientes conciertos, que el anteproyecto prevé cambiar. Estamos, se alerta, «ante una opción que requiere la debida justificación dada la importante alteración que supone respecto del modelo elegido hasta ahora». Ese modelo ha estado en vigor solo desde el año 2006 hasta el 2013. No es algo intocable y, sin embargo, el dictamen se atreve a sostener que, «sea un particular o un legislador», debe justificar especialmente lo que se estima es una excepción de la regla general de la coeducación. No le parece suficiente que el anteproyecto recoja de un modo literal lo que dice el artículo 2 de la Convención de la Unesco de 1960 relativa a la lucha contra la discriminación en la enseñanza, aceptada por España. Y se concluye con un alegato en favor de la educación mixta en términos congruentes con posiciones defendidas públicamente por la exvicepresidenta, pero resulta impropio de un dictamen que se presume no debe ser parcial.