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A partir del diagnóstico de los graves problemas representados por la cuestión social y la ausencia de garantías para el desenvolvimiento vital de los grupos más pobres de la sociedad, se inició, desde la década de 1920, el diseño e implementación de una serie de instituciones que buscaron cubrir las necesidades sanitarias, educativas, de vivienda y protección social de las clases trabajadoras de Chile. Este aumento de facultades del Estado se tradujo tanto en una expansión del gasto social, como en la articulación de organismos gubernamentales que darían origen al Estado de Bienestar.
A las mutuales y organizaciones de socorro mutuo, y a la legislación social promulgada entre inicios del siglo XX y el gobierno de Arturo Alessandri Palma, se sumaran a partir del primer gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, una serie de instituciones que buscaban responder de modo específico a las necesidades de protección social de los habitantes más pobres del país. De esa forma, en 1927, se constituyó el Ministerio de Bienestar Social, que tenía dentro de sus atribuciones el desarrollo de medidas de higiene, educación, protección del trabajo y previsión social. Ésta última se vio reforzada con la creación de instituciones como la Caja del Seguro Obrero Obligatorio y la Caja de Previsión de Empleados Particulares.
Sin embargo, la gran crisis mundial de 1929 detuvo muchas de estas iniciativas, las cuales sólo quedaron reflejadas en el diseño institucional, sin financiamiento ni personal capacitado para llevarlas a cabo.
Así, el conjunto de desafíos de asistencia social quedaron pendientes hasta la década de 1940, período en el que los distintos gobiernos se concentraron en la expansión de la cobertura de las distintas áreas del bienestar social, ampliando, en particular desde 1960, los servicios de educación, salud, previsión y vivienda de forma sustantiva. Ejemplos de lo anterior son la organización del Servicio Nacional de Salud (SNS) en 1952, la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB) en 1964 y la creación del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo en 1965.
En los treinta años comprendidos entre 1940 y 1970, el común de los habitantes de Chile pudo acceder a una mejor salud y previsión, una mayor cobertura educacional y planes de vivienda, todo acompañado de un marcado descenso de la mortalidad infantil. Sin embargo, el crecimiento de la población -que pasó de cuatro millones de habitantes a nueve millones entre 1940 y 1973-, el acelerado proceso de migración campo-ciudad y las dificultades económicas del período, en particular, la inflación y la insuficiencia de los ingresos estatales, se tradujeron en que una parte, no menor, de los chilenos se mantuvieran como sectores excluidos de los beneficios del Estado. Esta situación se vio agravada a partir de 1973 y la implantación de la dictadura militar, que causó cambios radicales en la orientación de las políticas sociales y puso fin al Estado de Bienestar.
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