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A finales del siglo XVIII, el Antiguo Régimen se tambaleaba en Francia. Ajena a los nuevos tiempos e incapaz de gestionar las transformaciones socioeconómicas, la monarquía seguía ejerciendo su poder absoluto, consolidando y perpetuando las injusticias y desigualdades de la sociedad feudal; a causa de los privilegios de la nobleza y el clero, los campesinos se veían obligados a soportar la mayor parte de las cargas fiscales. Desde mediados de siglo, sin embargo, intelectuales ilustrados como Montesquieu, Voltaire y Rousseau habían minado la legitimidad del absolutismo monárquico formulando principios políticos (soberanía popular, igualdad ante la ley, separación de poderes) que fueron abrazados por la burguesía, clase social ascendente que aspiraba a ver reflejado su poder económico en el ordenamiento jurídico.
Sesión inaugural de los Estados Generales (5 de mayo de 1789)
Los detonantes inmediatos de la Revolución Francesa (1789-1799) fueron la bancarrota financiera del país y las malas cosechas, que generaron una situación de miseria y hambre generalizada. Para solucionar la grave crisis económica y financiera del estado, el monarca Luis XVI convocó en mayo de 1789 los Estados Generales, asamblea que reunía, por separado, a los representantes de los tres estamentos (la nobleza, el clero y el pueblo o «Tercer Estado»).