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De allí se definen soluciones para focalizar y transferir recursos monetarios destinados a satisfacer necesidades básicas de la gente, así como otras encaminadas a garantizar el ejercicio de los derechos y a adoptar medidas adicionales para conjurar la crisis y atajar sus efectos económicos y de bienestar social.
Muchos temen que se debilite el sistema institucional de pesos y contrapesos. Pero la historia democrática de nuestra nación y el talante del gobierno que lidera con efectividad y transparencia una crisis global sin antecedentes, con importantes logros en salud (tasa de letalidad más baja que el promedio mundial, número de casos por debajo de países similares en la región, incremento de capacidad hospitalaria, incluidas camas de UCI y ventiladores); en equidad, con ayudas económicas, tanto a sectores más vulnerables de la población como a empresas, en aras de mantener el empleo y la estabilidad económica, son garantía para que los otros poderes públicos, es decir, el Congreso, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la opinión nacional e internacional, puedan examinar las decisiones gubernamentales, para verificar que están enmarcadas en el orden constitucional y respetan con rigurosidad el núcleo esencial de los derechos fundamentales, tales como el derecho a la vida, a la igualdad, a la no discriminación, a la libertad de pensamiento y de expresión y el derecho a la democracia, entre otros.
En Colombia, algunos derechos se han restringido, que no violado, como consecuencia del aislamiento social; distinto de gobiernos que permiten detenciones ilegales y hasta han dado orden de disparar contra quienes violen la cuarentena; o de aquellos en que priman las medidas de austeridad sobre la obligación de proteger el derecho a la salud y a la vida; o el caso de la crisis humanitaria en Venezuela, agravada con la pandemia, y en el que, como en Nicaragua, las cifras oficiales no dan credibilidad frente a los efectos reales del covid-19.
Esta diferencia entre la limitación y la violación de los derechos humanos nos hace recordar la triste historia de cientos de familias, a quienes por la epidemia de lepra se les violaron todos los derechos humanos. Fue una época de prácticas de aislamiento y confinamiento que duró más de 85 años, en lo que se puede definir como campos de concentración (Caño del Oro, Agua de Dios y Contratación).
Y lo digo con conocimiento de causa, por haber oído a mis abuelos su doloroso relato de lo vivido como pacientes de lepra y porque ahora, desde la Consejería de Derechos Humanos, hacemos seguimiento al cumplimiento estricto de los lineamientos de la Oficina de DD. HH. de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano de protección de los DD. HH.
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