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La crisis de la relación asalariada, traducida en un incremento de los niveles del desempleo y subempleo, ha provocado que la mercantilización de los servicios sociales se instalara en las agendas de los gobierno neoliberales, provocando la pérdida del carácter universal de los derechos sociales.
De ese modo, la lógica de mercado, desde un punto de vista general, se ha convertido en la institución principal que, como se ha señalado, debe articular la acción social.
En ese sentido, la nueva desigualdad social forma parte del proceso de acumulación capitalista, guiado por los imperativos de la privatización y desregulación de la acción estatal en la esfera del bienestar colectivo; además, de ser una forma de construir una nueva subordinación del trabajo a las necesidades del capital, pero sin costos que le pudiera representar la realización material de los derechos sociales.
En el nuevo régimen de la desigualdad social, las responsabilidades estatales son mínimas y las del mercado inexistentes.
Por otro lado, los dueños de los negocios privados, con apoyo de los gobiernos neoliberales, han introducido la mercantilización de los servicios sociales administrados por el Estado de bienestar, impulsando el individualismo posesivo: hacer lo que uno mismo considera adecuado sin contribuir a su producción y, además, al Estado se le confiere solamente la misión de cuidar las posesiones y la seguridad física de sus dueños, lo cual se considera que forma parte del llamado Estado de derecho.
Eso también significa impulsar la función punitiva estatal: encerrar a los delincuentes en cárceles y mantener las calles "libres" de malhechores y mendigos. Entonces, la expansión del desempleo y del subempleo ha dado como resultado una desigualdad social15 que ha dejado de tener como base el trabajo asalariado, teniendo como sustento su ausencia o precariedad,16 pero sin protecciones sociales.