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El objetivo de las autorizaciones sería satisfacer a la llamada ‘bancada ruralista’, un frente parlamentario que actúa en defensa de los intereses de los terratenientes en el Congreso brasileño, que presiona por ‘ablandar’ los requisitos para el registro de nuevos agroquímicos. Precisamente, la ministra de agricultura, Tereza Cristina, nombrada por Bolsonaro responde a esos intereses.
Paralelamente, entre fines de 2018 y principios de este año, grupos de apicultores han encontrado más de 500 millones de abejas muertas en cuatro estados brasileños. Las asociaciones de apicultores y las secretarías de agricultura de esos estados sospechan que la causa es el uso generalizado de dos clases de pesticidas: fipronil y neonicotinoides, en cultivos en floración cercanos.