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Hace varios años que la Fundación ICEERS, con el apoyo de organizaciones aliadas como Transnational Institute, ha asistido a la defensa de personas migrantes procesadas en España (y en otros países europeos) por la posesión e importación de hojas de coca destinadas al uso tradicional. Dichas personas provienen de países donde existe un marco legal para el uso de la hoja de coca, como Colombia, Bolivia, Perú y Argentina. Estos casos han tenido diferentes resultados, y las sentencias judiciales no han sido uniformes. Esto dificulta el ejercicio del derecho de estas comunidades a disfrutar de su propia cultura, lo cual plantea nuevos retos en relación al respeto de los derechos humanos en el marco del control de drogas. Retos que han de encontrar una respuesta política en el marco de la Agenda 2030 y de los objetivos de desarrollo sostenible, que se están perfilando como el nuevo marco de referencia de los organismos de control de drogas y del debate internacional en la materia.