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Según cifras del Ministerio de Relaciones Exteriores, fuera de Colombia viven cinco millones de colombianos —que equivalen casi a la población total de Bogotá— en condiciones de desprotección frente a la legislación nacional e internacional.
Los emigrantes colombianos, legales e ilegales, trabajan hasta 18 horas diarias, velan por sus familias y envían para ellas remesas que oscilan entre 200 y 300 dólares mensuales, que sumadas superan los ingresos por concepto del petróleo de un año.
La decisión de salir del país que en su momento tomaron estos ciudadanos, ahora distantes de políticas públicas orientadas a proteger sus derechos como población desplazada, está basada en razones económicas, sociales y políticas.
La emigración de colombianos al exterior es otra expresión trágica de la violencia interna en Colombia, la misma que ha motivado la huida de la población rural a los grandes núcleos urbanos y que afecta a los habitantes de las zonas fronterizas.
Sin embargo, hasta el momento, el Estado colombiano solo considera como desplazado a quien por algún motivo es obligado a migrar dentro del territorio nacional, sin tomar en cuenta la cantidad de personas que por las razones arriba mencionadas debe desplazarse fuera del territorio nacional.
El Estado tampoco reconoce la relación entre los problemas económicos, la falta de empleo y de oportunidades y la desigualdad social como fuente de desplazamiento de personas. En consecuencia, no existen políticas serias que ayuden al desplazado en el exterior, pese a que esta cifra equivale a cerca de la mitad de los desarraigados internos y genera una grave fuga de capital humano.
El problema de la emigración forzosa, representa para la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) uno de los grandes desastres del siglo XXI.
Según ACNUR, Colombia es el tercer país del mundo con la más grave crisis humanitaria de emigración forzosa después de Sudán y del Congo. Se estima que entre dos y tres millones de colombianos abandonaron sus lugares de origen en los últimos quince años.
El derecho internacional humanitario considera la emigración forzosa como una grave infracción. De acuerdo con Naciones Unidas, existe hoy el convencimiento general de que los desplazamientos internos, que afectan en todo el mundo a más de 25 millones de personas, se han convertido en uno de los fenómenos más trágicos de nuestro tiempo. Los desplazamientos son consecuencia habitual de experiencias traumáticas de conflictos violentos, violaciones manifiestas de los derechos humanos y causas similares en las que la discriminación desempeña un papel significativo.
Igual sucede con la definición de refugiado de la citada Convención, la cual excluye a quienes no pueden demostrar que serán víctimas de persecución en su país natal. Además, estipula claramente que los refugiados tienen derecho a la protección internacional, mientras que un número mucho mayor de emigrantes forzosos sigue siendo vulnerable y no goza de protección alguna.
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