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En todo caso, hay que tener en cuenta que ninguna revocatoria de mandato ha prosperado en Colombia desde que se expidió la Ley 134 de 1994, que reglamentó este mecanismo de participación ciudadana contemplado en la Constitución de 1991.
De acuerdo con las estadísticas de la Registraduría, de 80 procesos de revocatoria que se han puesto en marcha desde 1996, sólo 37 cumplieron los requisitos y los ciudadanos fueron a las urnas, pero ninguno prosperó. La gente no salió a votar.
Precisamente, esa histórica abstención y el alto umbral exigido (en el caso de Petro se necesita que participen 1’234.214 personas en la votación) han sido las dos causas principales por las cuales ningún alcalde ha sido revocado. Por ejemplo, para que Petro sea retirado del Palacio Liévano, más de 617.000 personas deberán votar por el sí.
La orden de la Corte Constitucional fue clara: la Registraduría Distrital tiene dos meses para reanudar la preparación de la revocatoria y convocar a elecciones para que la ciudadanía ejerza su derecho de decidir si el Alcalde Gustavo Petro ‘sí’ debe abandonar el cargo o, por el contrario, que ‘no’ debe retirarse.