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Los agentes económicos, especialmente las empresas multinacionales que operan a través de fronteras nacionales, han adquirido un poder y una influencia sin precedentes en todo el mundo.
Las empresas tienen un impacto enorme sobre las vidas de las personas y las comunidades en las que operan. En ocasiones el impacto es positivo: se crean puestos de trabajo, las nuevas tecnologías mejoran las condiciones de vida, y la inversión en la comunidad se traduce en beneficios reales para las personas que viven en ella.
Pero Amnistía ha sacado a la luz innumerables ejemplos en los que las empresas se aprovechan de normativas nacionales poco eficientes y mal aplicadas, con consecuencias devastadoras para las personas y las comunidades.
Apenas hay mecanismos efectivos en el ámbito nacional o internacional para impedir que las empresas cometan abusos contra los derechos humanos o hacer que rindan cuentas de sus actos. Amnistía trabaja para cambiar esta situación.
Los Estados tienen la responsabilidad de proteger los derechos humanos. Sin embargo, muchos no lo hacen, sobre todo en lo que se refiere a las actividades de las empresas, ya sea por falta de capacidad, por dependencia de la empresa como inversor o por flagrante corrupción.
Injusticia empresarial
Las empresas que operan a través de las fronteras intervienen a menudo en la comisión de graves abusos, como el trabajo forzoso o el desalojo de comunidades de sus tierras y su reasentamiento forzoso en otros lugares.
No es de extrañar que los abusos sean especialmente patentes en el sector extractivo, en el que las empresas compiten entre sí para extraer unos recursos escasos y valiosos. Se destruyen medios de vida tradicionales al contaminarse la tierra y el abastecimiento de agua. El impacto puede ser de especial gravedad para las poblaciones indígenas ya que a menudo su forma de vida y su identidad están estrechamente vinculadas a sus tierras.
A las comunidades afectadas se les niega con frecuencia el acceso a información sobre el impacto de las actividades de las empresas y no son consultadas sobre el proyecto. Es decir, quedan excluidas de participar en las decisiones que afectan a sus vidas.
Las empresas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos, sin embargo, con excesiva frecuencia los beneficios se obtienen a costa de abusos contra los derechos humanos. A pesar de que muchos países disponen de leyes que permiten el enjuiciamiento de las empresas, los gobiernos casi nunca investigan las irregularidades que estas cometen.
Cuando las comunidades intentan que se haga justicia, se ven frustradas por la ineficacia de los sistemas jurídicos, la falta de información, la corrupción y las potentes alianzas entre el Estado y las empresas. Es preocupante que cuando las personas afectadas no pueden obtener justicia, las empresas se aprovechan de la situación sin que esto tenga consecuencias.
Residentes afectados por los residuos tóxicos vertidos cerca de Abidjan, en Costa de Marfil, esperan a ser atendidos por profesionales sanitarios. © REUTERS/Luc Gnago
Tierra contaminada que rodea Bomu Manifold. Shell no ha descontaminado la zona. Cada año hay cientos de vertidos en el delta del Níger pero las labores de limpieza son lentas e ineficaces. © AI
POBREZA Y EMPRESAS
Muchos de los países más pobres del mundo son también los más ricos en recursos. Una combinación paradójica. La actividad de las empresas debería respetar los derechos humanos y contribuir al desarrollo sostenible. Pero en numerosas ocasiones alimenta los conflictos y abusos e incrementa la pobreza.
Los pueblos indígenas y las mujeres son especialmente vulnerables y tienen menos oportunidades de acceder a la justicia.
Menores a las afueras de la antigua fábrica de Union Carbide, en Bhopal (India). © Giles Clarke/Getty Images
Rendición de cuentas
Es obligación de los gobiernos proteger a todas las personas de los actos cometidos por otros actores, incluidas las empresas. Sin embargo, en muchas ocasiones, los gobiernos fallan al regular el impacto en los derechos humanos de las empresas o al garantizar el acceso a la justicia a las víctimas de abusos cometidos por parte de actores corporativos.