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América Latina y el Caribe enfrenta múltiples desafíos. Pero hay uno en particular que se interpone en el camino de la región hacia los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y un futuro mejor para todos: la desigualdad.
La desigualdad no es nueva en esta región. De hecho, uno podría argumentar que la desigualdad es el pecado original con el que nuestros países comenzaron su historia. Todo el Imperio Inca, que abarcaba el actual Ecuador, Perú y partes de Argentina, Bolivia y Chile, fue dividido tras la Conquista en 5 mil encomiendas, mientras que millones de miembros de las civilizaciones originales de la región se quedaron sin nada. Tal fue el origen de nuestras economías y de nuestras sociedades.
El viejo desafío de la desigualdad extendida continúa actuando como un poderoso freno al potencial de desarrollo de nuestra región en general, y de nuestras áreas rurales en particular, las cuales están siendo limitadas por una serie de desigualdades estructurales.
La desigualdad reduce el crecimiento económico, disminuye el impacto de dicho crecimiento en la reducción de la pobreza, debilita nuestras democracias y el Estado de Derecho, erosiona nuestras instituciones formales e impide que millones expresen todo su potencial de desarrollo.
La desigualdad económica es quizás la expresión más evidente. El índice de Gini del ingreso rural se encuentra en los niveles más altos en países como Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. En todos estos países, el ingreso rural ha mostrado un crecimiento significativo, en parte gracias al comercio agroalimentario, pero el índice de Gini en las zonas rurales apenas se ha movido, lo que significa que pocos están capturando la mayoría de los beneficios. De hecho, Chile, México y Perú, son líderes en términos de sus exportaciones agrícolas y son también líderes en la desigualdad económica rural. El crecimiento económico agrícola por sí mismo no asegura la reducción de la desigualdad económica rural.
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