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Llamar “dictadura militar” al ominoso Proceso de Reconstrucción Nacional es indultar sin razón al componente civil de aquellos años oscurísimos y sangrantes en que el terrorismo de Estado campeó en nuestra Patria.
Los civiles fueron parte indispensable de la dictadura cívico-militar y en gran medida pueden ser considerados los autores intelectuales de la misma. Tanto es así que, a mediados de julio de 1975, el presidente del Consejo Empresario Argentino, José Alfredo Martínez de Hoz, se apersonó ante el comandante en Jefe del Ejército, general Jorge Rafael Videla, para ofrecerle apoyo empresarial en caso de una intervención militar que pusiera fin al clima de anarquía violenta e hiperinflación desatada que reinaba entonces en el país. Vectores sin duda provocados y exacerbados para crear en la sociedad las condiciones necesarias para impedir la reacción ante el golpe de Estado.
Las reuniones entre empresarios y militares se hicieron frecuentes y eficaces, habitualmente en las oficinas del director de Citroën, Jaime Perriaux, y en ellas fueron delineándose, también con la participación del comandante en Jefe de la Armada, almirante Eduardo Massera, la composición y los propósitos del futuro gobierno, entre ellos la represión de una supuesta infiltración marxista en los sindicatos de sus fábricas y empresas, objetivo que a la postre fue más extendido que la aniquilación de la guerrilla.
Como lo denunciara Emilio Mignone en su libro Iglesia y dictadura, en octubre de 1975 la jerarquía de la Iglesia Católica se sumó a las sesiones conspirativas, mientras que Miguel Bonasso, en un artículo periodístico, reveló que Ricardo Balbín y Francisco Manrique, líderes de partidos tradicionalmente democráticos como la Unión Cívica Radical y el Partido Federal, se negaron a participar activamente, pero en cambio se comprometieron a no oponerse.
Después del 24 de marzo de 1976, las organizaciones empresariales comprometidas con el golpe tuvieron su premio, como no podía ser de otra manera, sobre todo en el área económica, la cabeza del nuevo gobierno cívico-militar. El Consejo Empresario Argentino, en la persona de su presidente, Martínez de Hoz, recibió el Ministerio de Economía. La Secretaría de Ganadería le correspondió a la Sociedad Rural Argentina, representada por Jorge Zorreguieta. El Banco Central le fue entregado a la Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino (Adeba), representado por Adolfo Diz, en un mensaje también dirigido a los organismo internacionales pues había sido director ejecutivo del FMI. Como secretario de Programación y Coordinación Económica fue nombrado Guillermo Walter Klein, de la Cámara Argentina de Comercio.
Luego de Martínez de Hoz fueron ministros de Economía Lorenzo Sigaut, José Dagnino Pastore (quien nombró a Domingo Cavallo al frente del Banco Central) y Jorge Wehbe.
Los civiles también recibieron otras carteras, como el Ministerio de Educación, ejercido sucesivamente por Ricardo Bruera, Juan José Catalán y Juan Rafael Llerena Amadeo, durante cuyas gestiones intelectuales y educadores fueron secuestrados y desaparecidos, muchos obligados al exilio y separados de sus cátedras. Se quemaron y prohibieron libros y se clausuraron editoriales. En Buenos Aires, Ricardo Freixá fue secretario de Cultura y Kive Staiff director del Teatro San Martín.
Durante el gobierno del general Viola, sucesor de Videla, el Ministerio de Justicia estuvo a cargo de Amadeo Frúgoli y luego de Lucas Jaime Lennon. En cuanto al Ministerio de Relaciones Exteriores, también fue entregado a civiles: Oscar Camilión, Nicanor Costa Méndez y Juan Ramón Aguirre Lanari. Fueron embajadores políticos Héctor Hidalgo Solá, Rubén Blanco, Tomás de Anchorena, Rafael Martínez Raymonda, Oscar Camilión, Francisco Moyano, Américo Ghioldi y otros.
Los políticos civiles también colaboraron haciéndose cargo de 794 intendencias a lo largo y a lo ancho del país: Unión Cívica Radical: 310, Partido Justicialista: 169, Partido Demócrata Progresista: 109, Movimiento de Integración y Desarrollo: 94, Fuerza Federalista Popular: 78, otros partidos: 44.
Debemos contabilizar asimismo a muchos periodistas que fueron funcionales a la dictadura, también intelectuales, educadores, empresarios,etc.
La sociedad argentina, por magnanimidad o porque mayoritariamente no se sintió exenta de culpa, permitió que la mayoría de los civiles cómplices o colaboracionistas se reciclaran en la democracia, sin exigirles la rendición de cuentas que, con justicia aunque con demoras e indultos, exigió y exige a los miembros de las Fuerzas Armadas. En cuanto a la justicia, es necesario encontrar las vías legales para evitar la prescripción de tanta complicidad. Y en cuanto a nosotros, siempre llamemos dictadura cívico-militar al Proceso de Reorganización Nacional.