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El incendio de la Guardería ABC ocurrió el 5 de junio de 2009 en Hermosillo, Sonora. En el lugar se encontraban 176 infantes y aproximadamente 50 empleados. Fallecieron 49 niños y niñas, y 76 resultaron heridos, todos menores de cinco años de edad. La estancia infantil funcionaba por el modelo de surrogación por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del cual no hay ni una persona detenida como presunta responsable. Existen un total de 19 funcionarios involucrados, entre los cuales destacan el exgobernador de Sonora, Eduardo Bours, y Juan Molinar Horcasitas, quien fungió como director del IMSS y ahora es director de la Fundación Rafael Preciado Hernández. Tras el lamentable suceso, los padres de los 176 niños y niñas iniciaron un movimiento para exigir justicia y poder castigar a todos los implicados procedentes de los tres órdenes de gobierno: municipal, estatal y federal. En septiembre de 2011, el Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Julio, lamentó que hayan tenido que morir 49 niños y niñas para que se aprobara la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, que sirve para que hechos como el de la Guardería ABC, no se repitan.
Pese a que ya existe la ley que podría erradicar los problemas en las guarderías del territorio nacional, no cuenta con reglamento, por tanto, se puede aplicar a interpretación de los jueces.
Al respecto, José Francisco García, padre de uno de los niños fallecidos en esa guardería, afirmó que la aprobación de esa ley se dio en octubre del 2011 y se tenían 180 días para contar con el reglamento y ser publicada en el Diario Oficial de la Federación. El plazo venció el 20 de abril de este año y aún no hay respuesta positiva. La ley por sí sola no basta, porque jurídicamente si ésta no tiene reglamento, no puede ponerse en marcha, por lo que sigue el vacío jurídico para proteger a los niños en la primera infancia, afirmó en conferencia de prensa realizada en la Red por los Derechos de la Infancia.
Luego de cuatro años de pedir justicia, los padres siguen luchando. Y aseguran que seguirán firmes para que ni un niño más sufra por la incompetencia de las autoridades.
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