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La Constitución de 1812 es redactada mayormente por liberales, pero un grupo de diputados absolutistas ya habían mostrado su reacción a ella. A éstos se suman todas las instituciones del Antiguo Régimen y la Iglesia, que no acepta la abolición de la Inquisición, la libertad de pensamiento y el ataque a sus propiedades, arrastrando a las masas populares a apoyar el retorno absolutista.
El 11 de diciembre de 1813, el Conde de La Forest (Aire, Francia, 1756-¿?, 1846), antiguo embajador de Francia en Madrid, firmaba con José Miguel de Carvajal y Vargas, II Duque de San Carlos (Lima, Perú, 1771-París, Francia, 1828) y con Pedro de Macanaz (Hellín, Albacete, 1764-Hellín, Albacete, 1830) un tratado de paz y amistad, el Tratado de Valençay, que reconocerá a Fernando VII y a sus sucesores como reyes de España y de las Indias, manteniendo la integridad del territorio español. El tratado supone una sumisión total de Napoleón, que presionado por la guerra centroeuropea, se ve forzado a dejar en libertad a Fernando VII a cambio de la paz entre los dos países.
La Regencia defiende ante el Duque de San Carlos la jura de la Constitución por parte del rey Fernando VII. San Carlos tenía el encargo de averiguar qué ambiente se respiraba en la Regencia y las Cortes. Las pesquisas revelaron que todos deseaban la vuelta de Fernando VII, los realistas para que acabara el régimen constitucional y los liberales para que se reconociera la Constitución de 1812 y las reformas realizadas en las Cortes.
El 16 de abril, a su llegada a Valencia, los absolutistas presentan a Fernando VII el Manifiesto de los Persas, exigiéndole que acabe con el proceso reformador liberal y que restablezca la Inquisición. Mientras, el general Francisco Javier Elío, ahora en la Península como general en jefe del II Ejército, jura conservar el trono con todos sus derechos. A todo esto, se suma la abdicación de Napoleón y la desaparición de la amenaza de una posible invasión francesa.