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Respuesta:
Las personas adultas mayores son aquellas que tienen 60 años a más, según la legislación nacional. Existen situaciones de riesgo que afectan sus derechos a la vida, salud, integridad, dignidad, igualdad y la seguridad social, entre las que se encuentran la pobreza, el maltrato, la violencia, el abandono y la dependencia. También la discriminación por la edad genera condiciones de desigualdad que impiden que continúen participando activamente en la sociedad.
La Constitución reconoce una especial protección a las personas adultas mayores, por lo que las políticas de Estado deben ser adaptadas para garantizar la prestación de programas y servicios que garanticen el goce y ejercicio de sus derechos bajo un enfoque que concibe a la persona mayor como sujeto de derecho.
Por ello, la Defensoría del Pueblo considera a las personas adultas mayores como uno de los grupos de atención prioritaria y sus intervenciones se encaminan a la protección de sus derechos a través de las siguientes acciones: supervisión de la administración estatal, promoción de derechos, fortalecimiento de capacidades y coordinación interinstitucional. Nuestras acciones se desarrollan principalmente en los siguientes temas: derecho a una vida digna y libre de violencia, derecho a la pensión, salud, derecho a la participación, acceso a programas sociales y servicios de cuidados.