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El cálculo de los costos y beneficios de la Independencia constituye un tema apasionante de la historia económica. Se trata de dilucidar si el desmonte de una organización económica ineficiente, basada en los monopolios públicos y privados sobre la producción y el comercio, produjo suficientes beneficios a largo plazo que justificaran los costos de la empresa.
Había que erradicar buena parte de lo que los españoles habían sembrado: un sistema de castas separadas por ley, relaciones sociales de servidumbre y de esclavitud, monopolios de comercio y de los bienes más transados en la sociedad colonial y, no menos, una tributación excesiva.
Los costos de la Independencia fueron evidentemente muy altos, el mayor de los cuales fue la pérdida del orden político que mal que bien sostuvo el imperio español de ultramar por más de tres siglos.
Mientras que para los países frontera del imperio español que lograron la independencia sin guerras de liberación como Argentina, Costa Rica y Chile pudieron establecer tempranamente regímenes liberales abiertos al comercio, para los que contaban con instituciones hispánicas más enraizadas y vivieron intensamente el conflicto tardaron más en alcanzar alguna estabilidad política y economías abiertas.
"Los obstáculos institucionales al crecimiento económico... fueron mayores en las zonas de población autóctona estable, donde quedaron encarnados en un 'pacto' colonial entre España y la élite colonial", anota John Coatsworth, para la América colonizada por Iberia.
Fueron este tipo de regiones las que se vieron más polarizadas por el conflicto que dividió a los criollos y a los mestizos y sumó a los indígenas a la causa real.
Se podría afirmar que la estabilidad política solo llegó a Colombia después de la Guerra de los Mil Días (1899-1902), a partir de 1905, cuando los partidos alcanzaron un acuerdo de paz perdurable.
Lo cierto es que la caída de la monarquía española desató la anarquía en casi todas sus colonias. Surgieron iniciativas constitucionales en villas y provincias, a la vez que un gobierno provisional instaurado por las Cortes de Cádiz ofreció amplia representación a sus congéneres de ultramar.
La Constitución aprobada en Cádiz en 1812 fue progresiva, porque instauró el voto universal masculino sin requisito de propiedad o literalidad, que incluyó a criollos, mestizos e indígenas (excluyó a los esclavos) y estableció gobiernos provinciales y ayuntamientos de origen popular (Rodríguez, 2005).
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era de manera caotica ya que todos los recursos se utilizaron en la independencia