COMPARA las situaciones de discriminación hacia los indígenas en América y Panama??? ayuda porfass
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En Panamá conviven pueblos indígenas diferentes, los bokota, los bribri, que también habitan en territorio costarricense como los ngäbes, los buglé, los mebrá, los guna, los nasso y los wounaan, entre otras.
Todos ellos están reconocidos por la Constitución Política panameña, que en su artículo 86 señala que "el Estado reconoce y respeta la identidad étnica de las comunidades indígenas nacionales y realizará programas para desarrollar los valores materiales, sociales y espirituales propios de cada una de sus culturas".
A pesar del respeto al que se hace mención en este artículo, la Constitución no menciona que Panamá sea una nación multicultural y pluriétnica. Las comunidades indígenas de este país abarcan un veinte por ciento de todo el territorio nacional.
La CIDH también solicitó al Gobierno panameño que tomase medidas en materia sanitaria y de vivienda a todos aquellos indígenas víctimas de los desalojos y destrucción de sus hogares y cultivos violentamente, con el fin de explotar los recursos naturales y turísticos de las zonas donde están asentados.
Los indígenas también poseen el derecho a ser consultados a cerca de todas aquellas acciones que les conciernan o afecten. En este sentido Panamá tiene una falta de mecanismos que han generado una situación de conflicto entre estas comunidades y el Gobierno, algo también criticado por la ONU.
El acceso a la justicia estatal se encuentra limitado por factores tan diversos como la existencia de defensores públicos no capacitados en los derechos de pueblos indígenas, la ausencia de intérpretes con conocimientos de la terminología jurídica y la insuficiencia de recursos económicos para el seguimiento a una denuncia.
Debido a ello se han presentado situaciones de conflicto entre el sistema de justicia estatal y el sistema de justicia propio de los pueblos indígenas, motivados en gran medida por el desconocimiento por parte de las autoridades estatales del derecho de los pueblos indígenas sobre la administración de justicia, y por la negación de la existencia del pluralismo jurídico.
La sanidad y la educación han mostrado un proceso de apertura con los indígenas en los últimos años, sobre todo en materia de educación y en la actualidad ya son muchos los niños de estas etnias que están escolarizados en Panamá. No obstante, en materia sanitaria existe un déficit en los dispositivos médicos de las comunidades indígenas.
Todos ellos están reconocidos por la Constitución Política panameña, que en su artículo 86 señala que "el Estado reconoce y respeta la identidad étnica de las comunidades indígenas nacionales y realizará programas para desarrollar los valores materiales, sociales y espirituales propios de cada una de sus culturas".
A pesar del respeto al que se hace mención en este artículo, la Constitución no menciona que Panamá sea una nación multicultural y pluriétnica. Las comunidades indígenas de este país abarcan un veinte por ciento de todo el territorio nacional.
La CIDH también solicitó al Gobierno panameño que tomase medidas en materia sanitaria y de vivienda a todos aquellos indígenas víctimas de los desalojos y destrucción de sus hogares y cultivos violentamente, con el fin de explotar los recursos naturales y turísticos de las zonas donde están asentados.
Los indígenas también poseen el derecho a ser consultados a cerca de todas aquellas acciones que les conciernan o afecten. En este sentido Panamá tiene una falta de mecanismos que han generado una situación de conflicto entre estas comunidades y el Gobierno, algo también criticado por la ONU.
El acceso a la justicia estatal se encuentra limitado por factores tan diversos como la existencia de defensores públicos no capacitados en los derechos de pueblos indígenas, la ausencia de intérpretes con conocimientos de la terminología jurídica y la insuficiencia de recursos económicos para el seguimiento a una denuncia.
Debido a ello se han presentado situaciones de conflicto entre el sistema de justicia estatal y el sistema de justicia propio de los pueblos indígenas, motivados en gran medida por el desconocimiento por parte de las autoridades estatales del derecho de los pueblos indígenas sobre la administración de justicia, y por la negación de la existencia del pluralismo jurídico.
La sanidad y la educación han mostrado un proceso de apertura con los indígenas en los últimos años, sobre todo en materia de educación y en la actualidad ya son muchos los niños de estas etnias que están escolarizados en Panamá. No obstante, en materia sanitaria existe un déficit en los dispositivos médicos de las comunidades indígenas.
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