Respuestas
Respuesta:
La libertad personal es un derecho natural del hombre, inherente por su propia naturaleza desde el momento en que nace, por tanto la ley solo la reconoce no la concede, filosóficamente hablando.
La Revolución Francesa es el antecedente próximo desde donde tomamos el concepto claro y dogmático sobre la posibilidad legítima de un Estado de restringir este derecho.
Se resume en lo siguiente:
• Es la más grave intervención del Estado en la libertad individual de los ciudadanos.
• Únicamente puede ser ordenada por autoridad competente
• Por el tiempo en que se desarrolla el proceso o trámite judicial
• Previo el cumplimiento de exigencias legales
Desafortunadamente, en una órbita política, la privación de la libertad históricamente ha sido vista como una forma por excelencia para combatir los problemas sociales, culturales o sociológicos derivados de la delincuencia, además que genera un temor o miedo a tal punto que amedrenta a la comunidad.
De ahí que el derecho penal haya judicializado la figura de la detención, en tanto que a través de ella se ejerce un poder real por parte del Estado y en la que, finalmente, se reprime bajo la justificante del ius puniendi.
En la comunidad internacional se ha reconocido la libertad personal como un derecho fundamental, así consagrado en el Pacto Internacional de los Derechos Humanos y la Convención Americana de Derechos Humanos. Por su parte, la Organización de Naciones Unidas también ha colaborado con la aprobación de reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, que por lo regular ninguno de los países las cumplen.
Pero la paradoja se ha propuesto cuando se insiste en que a consecuencia de la comisión de un delito, el derecho a la libertad puede ser restringido por el Estado no obstante que al mismo tiempo se exige como principio fundamental el respeto por la presunción de inocencia y el derecho que tiene de defenderse en igualdad de condiciones de sus adversarios, contradicción que surge al momento en que la persona de la que se presume su inocencia debe permanecer privada de su libertad (tras las rejas, detención intramural, en un establecimiento carcelario), de lo cual se infiere lógicamente que el ejercicio de su derecho a la defensa material bien puede ser nugatorio, pues el engranaje estatal busca pruebas en su contra, en muchas oportunidades incluso la víctima está habilitada, en claro desmedro del equilibrio de cargas, pero aún así, es un mandato superior velar por el derecho a la defensa.
Explicación: