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La redistribución de los ingresos y la redistribución de la riqueza son, respectivamente, la transferencia de ingresos y de riqueza (incluida la propiedad física) de unas personas a otras mediante mecanismos sociales como impuestos, caridad, Estado del bienestar, servicios públicos, subsidios, reforma agraria, políticas monetarias, confiscación, divorcio o acciones legales de reparación de daños.1 El término normalmente se refiere a redistribución en un contexto económico amplio más que entre individuos específicos, y a quitar a quienes tienen más para transferir a quienes tienen menos.
Una política impositiva de redistribución no debería confundirse con la predistribución de la riqueza, que, según Joaquín Estefanía es «el conjunto de políticas que en lugar de fijarse en mitigar la desigualdad se concentran en originar previamente menos desigualdad».2 Las deducciones a medida, a menudo llamadas lagunas fiscales, tienden a perpetuar las diferencias de ingresos en vez de poner en práctica un sistema de impuestos neutral, como el de tipo único. Se han lanzado muchas propuestas alternativas de imposición, pero sin la voluntad política para cambiar el statu quo. Una de ellas, la "Regla Buffett", es un modelo de impuestos híbrido, una combinación equilibrada de sistemas opuestos, que pretende minimizar el favoritismo del diseño interesado del sistema impositivo.
Los efectos de un sistema de redistribución son activamente debatidos en los terrenos económico y moral. La cuestión incluye diferentes análisis de sus fundamentos, objetivos y medios, y de la eficacia de sus políticas.34 Una encuesta de 2003 entre 264 miembros de la Asociación Económica Americana halló que el 71,2 % de ellos apoyan la redistribución, mientras que el 20,4 % se oponen y el 7,2 % no se pronuncia.5