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Aun cuando la Ley de Apoyo Humanitario busca solventar la crisis sanitaria ocasionada por el covid-19, está lejos de ser una reforma sólida que encamine las finanzas públicas o que, por lo menos, alivie las urgentes necesidades de liquidez del Estado, más que nada porque pone el esfuerzo en quienes más contribuyen a la economía nacional: los trabajadores y las organizaciones.
Sobrecargar a la ciudadanía sin una perspectiva a extenso plazo es inviable.
A 46 días de haberse informado de manera oficial el primer caso, el presidente de la República envío a la Asamblea Nacional la Ley de Apoyo Humanitario y la Ley para el Ordenamiento de las Finanzas Públicas para su aprobación en 30 días.
LA LEY DE APOYO HUMANITARIO No posee VISIÓN NI ESTRATEGIA.
El Regimen, por medio de su capacidad de establecer políticas económicas y sociales, no fue capaz de trasladar una perspectiva sobre el Ecuador que deseamos para 2030?
Dado que estamos en una emergencia, a lo cual se puede aspirar es al apoyo humanitario y económico, sin embargo, ¿y la pospandemia?, ¿y la reactivación?, ¿y el aumento.
En la ley se propone contribuciones únicas y temporales a organizaciones y trabajadores que se enviarán a una cuenta particular que va a ser administrada por el presidente y supervisada por un consejo consultivo de 5 miembros de la sociedad civil; créditos de multilaterales, aportes gubernamental y donaciones.
Por cuarta vez, el Regimen vuelve a insistir en el término de recaudación de esos que más poseen para resolver la debilitada realidad económica que vive el Ecuador.
Organizaciones y ciudadanos no van a poder deducir ni cruzar como crédito tributario este aporte, o sea, la solidaridad es forzosa.
Con el fin de defender el empleo, las organizaciones van a tener 3 mecanismos para acogerse: un tipo de contratación particular emergente que durará 2 años para nuevas inversiones o líneas de comercio, jornadas de 20 a 40 horas semanales de 6 a 8 horas cotidianas con un pago proporcional a lo trabajado; reducción de la jornada laboral aplicable hasta por 2 años con pago proporcional al tiempo laborado, y concordatos entre deudores y acreedores para aplazar el pago de obligaciones sin arriesgar la igualdad del comercio.
Estas ideas resguardan a organizaciones y trabajadores, sin embargo sigue estando pendiente una reforma laboral intensa que flexibilice los tipos de contratación recientes, revea las condiciones de los fondos de jubilación patronal y desahucio, e incentiven al sector empresarial a enrolar a desempleados y subempleados con un mecanismo de indemnización de mediano plazo donde exista un ganar – ganar.
LAS MEDIDAS Están afectando LA LIQUIDEZ DE Organizaciones Y TRABAJADORES.
Es conocido que 75% de las ganancias se concentran en las gigantes organizaciones que, por medio de sus compras, dinamizan el desplazamiento de medianas, pequeñas y micro organizaciones y además de las familias.
Restar liquidez a ambos sectores es situar en peligro la variable de mayor relevancia de la economía que es el gasto consumo de los domicilios y organizaciones, que representa 60% del Producto Interno Bruto.
Si el caso de hoy apremiaba los flujos de efectivo, ¿qué sentido tiene minar el poder adquisitivo de la clase media que constituye el 60% poblacional ecuatoriana y del 3% de las monumentales organizaciones que mueven el 97% restante de la composición empresarial del territorio.
El Regimen en la actualidad tiene un grado débil de confianza y aprobación, lo cual causa más dudas que respuestas sobre el buen desempeño de los recursos captados.
Bastaba un consenso entre organizaciones, Regimen y multilaterales para proponer una solución que forje el compromiso y la confianza, a fin de atraer inteligentemente parte de los $ 22 mil cientos de miles de depósitos de privados en el exterior para ofrecer una solución extremista a la emergencia y comenzar a pensar en el posconfinamiento y en la reactivación?
Puesto que, claramente, aquel es el monto objetivo a recaudar empero el Regimen no lo hizo saber por ni una vía y se puede dar por sentado que las contribuciones, créditos y ayudas no cumplirán el propósito y necesitemos de una ayuda internacional bastante profundo para cerrar la brecha.
DIAGNOSTICAR NUEVAMENTE LA SITUACIÓN DE LA ECONOMÍA.
LAS FINANZAS PÚBLICAS DEBEN PASAR DE SER REACTIVAS A SER PROACTIVAS.
En la Ley de Ordenamiento a las Finanzas Públicas se maneja poderosamente el término de centralizar el poder del desempeño financiero por el ente rector, que es el Ministerio de Economía y Finanzas por medio de una herramienta, el Proyecto Nacional de Desarrollo.
Frente a la famosa variabilidad de la economía y los mercados, se debe diseñar un fondo de ahorro
La Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas contempla la formación de un Fondo de Estabilización Fiscal que se alimentará de las ganancias de los recursos naturales no renovables más allá del Presupuesto General del Estado (PGE), una vez que se hayan cumplido deudas y obligaciones