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Explicación:
Durante las últimas semanas hemos visto, escuchado y leído diversa información, sobre la pandemia que afecta a la humanidad. El impacto del COVID-19 en la región de América Latina y el Caribe está empezando a afectar directamente la vida de la población debido a las decisiones, tanto políticas, como económicas, que han adoptado los Gobiernos en pro de la protección social y de la vida humana. Todo indica que los efectos de la pandemia en el mediano y largo plazo van a ser severos, no solo en la salud de la población y su acceso a servicios básicos, sino también en sus ingresos y modo de vida.
Las medidas de aislamiento y cuarentena, decretadas en la mayoría de los países en ALC como medio de prevención para contener la propagación del COVID-19 así como el aumento en la prestación de servicios de salud, incrementan la presión a los sistemas de servicios públicos como energía, agua y saneamiento, dado que su continuidad es vital para mantener efectivas dichas medidas.
La prestación del servicio eléctrico es clave en el éxito de la batalla contra la pandemia
Además de los sectores salud y residencial, las telecomunicaciones, los sistemas de agua, y hasta la recolección de basura en lugares donde se realiza mediante camiones eléctricos como en algunas ciudades de Brasil, dependen fuertemente de la continuidad del servicio, por lo cual, es necesario reforzar los sistemas eléctricos con medidas que permitan a los gobiernos afrontar los desafíos de esta crisis.
Los retos del sector de eléctrico para mantener la continuidad del servicio en condiciones de calidad y confiabilidad se basan en, por una parte, garantizar la asequibilidad para los sectores residencial, servicios e industria. Esto a fin atenuar los efectos sociales y el impacto económico en las empresas. Y, por otra parte, para asegurar la sostenibilidad financiera del sector eléctrico.
En el corto plazo, la continuidad de la operación del sistema eléctrico se fundamenta en garantizar la disponibilidad de los trabajadores clave, su infraestructura y plataformas tecnológicas, así como contar con insumos vitales como combustibles, repuestos y equipamientos de control de suministro. En el mediano y largo plazo, se requerirá de mecanismos que garanticen la viabilidad financiera y operativa de las empresas. Debido a ello, hay diferentes medidas adoptadas por los países de la OCDE para garantizar la sostenibilidad técnica y la asequibilidad del servicio de energía durante la crisis. Algunos países de la región ya adoptaron medidas aisladas, pero es necesario aplicar estrategias estructuradas en el corto y medio plazo, para lo cual habrá que considerar las características específicas de cada país y el perfil de sus consumidores a fin de garantizar la adecuada provisión de los servicios.
En ese sentido, es importante que las empresas eléctricas, instituciones relacionadas con el sector y los proveedores de servicios de salud y servicios públicos esenciales establezcan planes que aseguren la continuidad de sus servicios durante la contingencia. Las medidas y acciones a implementar se basan en una serie de prioridades que deberán ser atendidas, las que se pueden agrupar dos ámbitos, las propias del sector eléctrico, y aquellas que apoyen los sistemas de salud pública y servicios esenciales.