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Más de 500.000 nicaragüenses viven en Costa Rica limpiando casas, sembrando fruta y colocando ladrillos. Sus condiciones de trabajo y vida no son las mejores del país que les acoge, pero tampoco tan miserables como para que se pueda hablar de violación de los derechos humanos.
Así lo ha decretado un reciente fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), perteneciente a la Organización de Estados Americanos (OEA), que ha permitido a las autoridades costarricenses respirar aliviadas.
La Carpio no llega a gueto, pero se parece. Es una ciudadela marginal del suroeste capitalino y el principal reducto de nicaragüenses en Costa Rica, donde miles de inmigrantes hallaron el puesto de trabajo que su país no tiene para ellos.
Dos horas aquí, al final del día, bastan para ver nicas volviendo a sus casas maltrechas, oyendo su música y comiendo chicharrón con yuca.
Humberto Urbina vive y come en La Carpio. Trabaja de albañil en una empresa que le paga mal, pero lo suficiente como para enviar sin falta dinero a su familia en el departamento de Nueva Segovia. No tiene seguro sanitario, pero el sistema público le atiende gratis.
No todos los costarricenses están dispuestos a incluirle entre sus amigos, pero ha encontrado algunos que incluso le han dado alojamiento. Desconfía del sistema judicial, pero no lo ha necesitado en nueve años. Alguna vez le han acosado, pero nunca le han perseguido.
“Hombre, claro que prefiero mi casa, pero al menos aquí puedo vivir y hacer que los míos vivan en Nicaragua. Muchos estamos así”, explica el albañil en alusión a la situación que vive al menos medio millón de nicaragüenses que han viajado al vecino del sur para trabajar vigilando casas, sembrando campos, limpiando hogares y poniendo ladrillos.
Las condiciones en las que viven son desventajosas, pero el fallo de la CIDH considera “inadmisible” la queja presentada por Nicaragua por supuesta “xenofobia y discriminación” contra las autoridades de Costa Rica.
El pronunciamiento jurídico del organismo internacional se hizo público esta semana, 15 meses después de una noche en la que dos perros rotweiler destrozaron durante horas el cuerpo de un joven, Natividad Canda, hasta matarlo, ante la mirada pasiva de varios testigos. La víctima era nicaragüense.
Sin embargo, la queja ante la CIDH por supuesta xenofobia y discriminación en Costa Rica no pasó de ser eso: una queja, sin posibilidad de llevar a los vecinos centroamericanos a un litigio interestatal.
La atroz muerte de Natividad en las fauces de los perros Oso y Hunter está lejos de representar las condiciones de todos los inmigrantes.
Como tampoco supone una prueba la muerte de otro joven que, 24 días después, terminó apuñalado tras una discusión sobre su origen nicaragüense y sobre algunos chistes xenófobos que circulan a toda velocidad en mensajes telefónicos.
Ambos asesinatos, utilizados por Managua como base de su denuncia, no fueron más que casos aislados que, además, aún son objeto de investigación en los tribunales costarricenses, lo que invalida cualquier intención de llevar el tema de la “discriminación” a instancias internacionales.
Ésta, con algunos otros argumentos, fue la tesis sobre la que insistió Costa Rica ante la CIDH, que finalmente le dio la razón y archivó el caso planteado por el Gobierno de Enrique Bolaños, anterior al presente, presidido por Daniel Ortega.
Apenas las autoridades costarricenses recibieron por fax las 73 páginas desde la sede de la CIDH, en Washington, inmediatamente celebraron su nuevo logro diplomático: “Esto es un reconocimiento a la impecable tradición de respeto a los derechos humanos en Costa Rica (...); un contundente mensaje sobre la histórica solidaridad de los costarricenses con los nicaragüenses”, declaró en San José el canciller, Bruno Stagno, que aprovechó para criticar a la CIDH por haber mezclado la admisibilidad y el fondo en el debate del caso.
El ministro resaltó que la tasa de inmigración, el 11% de la población total, convierte al país en el único Estado que, sin ser rico, se ha convertido en receptor y es capaz de proporcionar sanidad y educación básica gratuitas, además de oportunidades laborales.
La Caja del Seguro Social, por ejemplo, registra un déficit anual de más de 19 millones de dólares entre lo que recibe por seguros laborales de los nicaragüenses y lo que gasta en darles atención sanitaria. Stagno también recordó las tres amnistías migratorias que ha aplicado Costa Rica y las reformas a la Ley de Migración, con un enfoque menos policial.
Mientras el pronunciamiento se celebraba como un logro diplomático en San José, desde Managua no ha llegado hasta el momento reacción oficial alguna.
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