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La empresa privada Nahuelsat SA, de capitales extranjeros, administraba las posiciones orbitales adjudicadas al país por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) desde 1997. Sin embargo, como la empresa no había podido poner en el espacio el satélite Nahuel II, esos incumplimientos hubieran provocado la quita de la adjudicación, dejado al país sin ninguna posición satelital.3
Luego de asumir la presidencia Néstor Kirchner, el gobierno solicitó una prórroga, la cual fue otorgada por la UIT, pero la empresa Nahuelsat se declaró en quiebra, entró en proceso de convocatoria y liquidó sus bienes. Como alternativa, en 2004, el gobierno solicitó una tercera prórroga para constituir una empresa reemplazante, una sociedad anónima con mayoría estatal, Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A. (ARSAT).4