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En el origen de todos los cambios constitucionales habidos en América Latina durante las dos últimas décadas, yacen de modo conspicuo la violación de las libertades personales y políticas, el desconocimiento de los derechos sociales y de la diversidad de identidades originadas en especificidades culturales, étnicas, de género y territoriales. Así, en Colombia, la nueva Constitución de 1991 representó un importante avance en la tutela de los derechos de los ciudadanos con respecto a la anterior de 1886, además de haber obstaculizado la segunda reelección del Presidente Uribe. En Venezuela, la Constitución de 1999 limitó la corrupción del clientelismo bipartidista, sancionó nuevos derechos sociales y asumió de modo explícito los derechos de la mujer y, también, permitió rechazar las reformas propuestas por el propio Presidente Chávez. Las nuevas Constituciones de Ecuador y Bolivia de 2008 y 2009 respectivamente, consagraron los derechos sociales relacionados con la concepción del “buen vivir” de los pueblos indígenas, en el que el respeto a la naturaleza y a los animales llegaron a cobran un realce sin igual, inexistente en las constituciones conocidas en la tradición liberal.