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Para encontrar los orígenes teóricos del respeto al principio de autonomía, debemos remontarnos hasta el Informe Belmont (Simón, 2000).2 Dicho informe explicita que el respeto por las personas incorpora al menos dos convicciones éticas: por un lado, que los individuos deberían ser tratados como entes autónomos y, por otro, que las personas cuya autonomía está disminuida deben ser objeto de especial protección (DHEW, 1979). Por ente autónomo se entiende al individuo capaz de deliberar sobre sus objetivos personales y actuar bajo la dirección de esta deliberación. Por otro lado,
respetar la autonomía es dar valor a las opiniones y elecciones de las personas así consideradas y abstenerse de obstruir sus acciones, a menos que éstas produzcan un claro perjuicio a otros. Mostrar falta de respeto por un agente autónomo es repudiar los criterios de estas personas, negar a un individuo la libertad de actuar según tales criterios de estas personas o hurtar información necesaria para que puedan emitir un juicio, cuando no haya razones que obliguen a obrar de este modo (DHEW, 1979: s.p.).3
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