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Uno de los cargos claves para el funcionamiento de la economía colonial, fue la del corregidor, funcionario que tuvo la responsabilidad del cobro del tributo indígena, la provisión de mitayos y su distribución a las diferentes unidades de producción, el control político en su jurisdicción y la administración de justicia en primera instancia. En retribución a estas funciones, el Estado le asignaba un sueldo y lo autorizaba a vender, de manera compulsiva, una determinada cantidad de productos a los pueblos campesinos bajo su jurisdicción. En Piura la documentación nos demuestra que son los hacendados quienes acceden al cargo de corregidores, diversificando sus ingresos y aumentando su poder regional. El acceso mayoritario de los hacendados al cargo de corregidor en Piura no sólo se explica por su mejor conocimiento del medio rural, intereses personales o de sector social, sino también porque el cargo tenía profundas connotaciones económicas -cobro de tributos, provisión de mitayos, reparto de productos- y porque el Estado exigía a los aspirantes una garantía en dinero, o personas solventes que garanticen los intereses económicos del Estado colonial. Por ello es que todo aspirante a corregidor debía tener dinero y relaciones sociales, siendo los hacendados quienes estuvieron en ventaja al contar con esas dos exigencias. En el año 1775 el general don Matías de Valdivieso y Céspedes, contador, abogado de las Audiencias de Lima y Quito, logró el corregimiento de Piura, presentando de fiadores a personas con capacidad económica y en la que, por lo menos, dos de ellos, eran hacendados:
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