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Con base en los informes ministeriales presentados ante el Congreso, el estudio, sin caer en el esencialismo en torno a la “censura”, busca descifrar las dinámicas políticas y las condiciones jurídicas en las que se establecen las distintas reglamentaciones de libertad de imprenta durante la primera etapa nacional del México independiente. Al atribuir invariablemente una responsabilidad social a la prensa periódica, la clase gobernante pretende a la vez fomentar, organizar y controlar o “civilizar” este nuevo medio de comunicación en pleno desarrollo, suerte de preámbulo a la era mediática pero todavía dirigido a una parte reducida de la población. Las funciones del periódico ideal son entonces múltiples: considerado indisociable auxiliar de la construcción nacional y de la legitimidad del inédito y frágil Estado, es también herramienta de la edificación de la sociedad política y de la propagación de nuevas normas “ilustradas”. El conjunto genera tensiones y contradicciones inevitables entre la ideología y el pragmatismo, entre los principios constitucionales y el derecho aplicable, así como discordancias en el deseo de neutralizar las luchas partidistas en las que participan los propios gobernantes. Las tergiversaciones revelan el carácter experimental del periodo, que determina las relaciones entre poder y prensa, verdadero binomio, y a la vez sienta las bases de cierta cultura periodística. El estudio ofrece una precisa cronología de las vigencias de las normatividades generales, así como una periodización de las numerosas disposiciones legales circunstanciales, cronología comparada con la producción periodística, que, si bien es reprimida, siempre renace de sus cenizas.