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Tiemblan los cimientos de la estabilidad social: la publicación del último informe AROPE muestra que el 35% de la población canaria está en situación de pobreza o exclusión social, un punto menos que el año anterior. Quizá eso sería una noticia ligerísimamente positiva en una circunstancia normal. Pero con la peor crisis económica desde la Guerra Civil, con una caída prevista del PIB de en torno al 20% este 2020, el horizonte es bien complejo.
“Ya partíamos de una situación difícil, pero las cosas se están agudizando con la pandemia a niveles que son alarmantes”, afirma Juan Rognoni, director provincial de Cáritas Tenerife. “Todos, no solo las Administraciones, tenemos que arrimar el hombro, porque esto va a ser muy complicado y vamos a necesitar de mucha gente”.
Un contexto que también tiene claro la viceconsejera de Derechos Sociales, Gemma Martínez Soliño. “La pandemia va a agravar esta situación. Si en los últimos años, con 16 millones de turistas, teníamos un desempleo del 21% y estas tasas de pobreza y exclusión social, imagínese ahora que hay cero turístico”, afirma. “Y los datos no se han manifestado con toda su crudeza gracias a los ERTE o a las moratorias en los desahucios”.
Sin embargo, para Martínez Soliño sí hay una diferencia bien grande con la anterior crisis, y es que “la respuesta sí está siendo diferente. En 2008, la UE, el Estado y la Comunidad Autónoma optaron por la austeridad y el control del déficit, y se han dado cuenta de que esto no funciona. En Canarias, desde luego”.
Con el BCE inundando el mercado con 1,3 billones de euros y las reglas de gasto suspendidas, el Estado y la Comunidad pueden endeudarse para financiar algunos instrumentos de cobertura social. Primero, la Prestación Canaria de Inserción, que ha pasado en un año de las 5.200 unidades familiares a las 8.200 que cobran entre los 400 y los 600 euros. Durante la pandemia, el Gobierno habilitó el Ingreso Canario de Emergencia, que llegó a unas 16.000 familias que, en breve, cobrarán una segunda paga, como aprobó hace unos días el Parlamento, y que supone un 75% de la PCI. Luego está el Ingreso Mínimo Vital, gestionado por el Estado y que alcanzará, según el Gobierno regional, a unas 57.000 familias, 137.000 personas, e irá de un mínimo de 462 euros a un máximo de 1.015, todo en función de los miembros de la unidad familiar. Pero el Gobierno regional está a punto de presentar la ley de renta ciudadana con la que quiere cubrir a sectores que no se encuentran protegidos por el IMV. En principio, se baraja llegar a unas 10.000 unidades familiares más. “Aunque esto hay que cogerlo todavía con alfileres”, apunta Martínez Soliño. “Depende del presupuesto autonómico y de si el IMV, cuando se desarrolle su reglamento, no incluye otros complementos”. Pero el 35% de la población en riesgo de pobreza -que es el equivalente a que una persona sin cargas familiares cobre 800 euros al mes- son 730.000 personas. Y 341.041 canarios están en pobreza severa, que es el equivalente a cobrar 492 euros al mes en hogares de una persona. Ayer, el diputado de Nueva Canarias, Luis Campos, citó un informe de Intermón Oxfam que estimaba 50.000 personas pobres más en Canarias fruto de la pandemia. Es decir, quedará gente en una situación chunga sin cubrir.
“Venimos de una década perdida en materia de política social, en una comunidad con baja cobertura donde no se le ha dado mucha importancia a este tipo de políticas”, afirma Martínez Soliño.
“Uno de los problemas es que hay una enorme situación de incertidumbre, y tampoco sabes si las recetas clásicas, como endeudarte o subir algunos impuestos serán efectivas con tanta volatilidad”, afirma el sociólogo José Saturnino González, exasesor del expresidente Zapatero y ahora director de la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa. “A lo mejor, dentro de un año, pensamos en la falta de turistas de estos meses como si hubiera sido un mal sueño. O a lo mejor estamos en una situación similar. No lo sabemos”, explica. “Y otro gran problema es que tenemos una estructura productiva de muchos empleos de baja cualificación y bajo salario, con lo que mucha gente vive asfixiada ya. Quitando la función pública y algunas profesiones liberales, no hay demasiada gente que cobre más 1.200 euros netos al mes. Somos una tierra que lleva 500 años dependiendo del monocultivo. Ahora hemos visto las consecuencias de esta situación y tenemos que elaborar una estrategia para diversificar. Pero eso no se puede hacer de la noche a la mañana. Entre otras cosas, porque no es fácil convertir a un camarero en técnico de minería de datos”, argumenta Martínez , cauteloso sobre los fondos europeos que vienen para impulsar este tipo de transición, que hay que saber ejecutar con eficiencia en una tierra con muy bajos niveles de ejecución. “Si se gestionan bien, estos fondos nos permitirán cubrir una parte del agujero que está dejando esta crisis”.