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Censura en el Sudeste Asiático
En Tailandia, la primera mujer en asumir el liderazgo del país, Yingluck Shinawatra (novena descendiente de una poderosa familia), tras dos años en el cargo continúa aplicando la legislación sobre delitos de lesa-majestad (artículo 112 del Código Penal), que prohíbe cualquier crítica hacia la familia real. Los afectados por esta norma -en su mayoría “presos de conciencia” según Amnistía Internacional- son personas que pueden permanecer en prisión entre tres y quince años por difamar, insultar o amenazar al monarca y su núcleo.
Las autoridades de Malasia restringieron en 2011 la libertad de expresión al imponer sanciones penales bajo la Ley contra la Sedición de 1948 a quienes criticaban al gobierno. Sin embargo, a mediados del 2012 el Gobierno malayo anunció que derogará esta ley, para establecer en su reemplazo una propuesta conocida como la Ley Nacional de la Armonía, permitiendo disminuir las restricciones a sus habitantes y a los usuarios de Internet.
La República Socialista de Vietnam tiene una disposición particular para evitar la disidencia, la que castiga a los condenados con una sentencia que varía entre los tres y los doce años de cárcel. Se trata del artículo 88 del Código Penal de 1999, que impide distorsionar, difamar o hacer propaganda en contra de las autoridades, así como hacer, almacenar y/o distribuir material en contra.
India, Corea y China
India despliega un mecanismo de vigilancia de internet a través del "IT Rules 2011", establecido por su Departamento de Tecnología e Información, el que prohíbe cualquier contenido que haga peligrar la integridad, la seguridad o la soberanía del país, junto con las buenas relaciones con Estados extranjeros o el orden público. A partir de esto, se han bloqueado sitios web de distinta índole (de noticias, entretención, etc.) en los últimos años.
En 2012, usuarios y opositores políticos criticaron a las autoridades por exigir a compañías de Internet que bloquearan más de 300 páginas web y decenas de cuentas en Twitter, con el argumento de evitar comentarios que aumentaran la alarma social y provocaran una escalada de violencia en el conflicto entre musulmanes e hindúes.
En Corea del Sur, durante el mandato del ex presidente Lee Myun-bak, aumentaron las prohibiciones de malas palabras y otras actividades en línea. De hecho, depurar el lenguaje usado en contra de este político fue una disposición del Consejo, la que fue vista por sus opositores como una excusa para silenciar a las voces críticas.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU estudió en 2012 los casos de 100 objetores de conciencia surcoreanos y concluyó que Corea había violado el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, protegido por el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Por último, el Gobierno de China destaca por su firme control sobre el acceso a Internet, pese a ser el país con más gente conectada a la Red. Luego de bloquear distintas páginas de uso frecuente en el resto del mundo, como Facebook y YouTube, a fines del 2012 las autoridades anunciaron una nueva ley que obligará a los usuarios a registrarse consus nombres verdaderos en los servicios de telecomunicaciones.
Según un Informe de RSF, China utiliza como estrategia la suspensión de las comunicaciones en las localidades (Tíbet, Xinjiang y Mongolia Interior) cuando se ha perdido el control de la situación, mientras que la ley prohíbe la difusión de “rumores”; ambas prácticas permiten al Gobierno silenciar las voces disidentes. Por otra parte, AI indicó en su Informe Anual que en China siguen siendo frecuentes los arrestos y las desapariciones forzosas.
Otra arista surgió a fines de 2012, cuando se conoció el robo de computadores y discos duros de los periodistas Cristóbal Peña, Javier Rebolledo y Mauricio Weibel, autores de investigaciones sobre los crímenes de la Dictadura. Debido a la similitud de los casos, el fiscal a cargo de la causa penal iniciada, estimó que constituirían amedrentamiento y atentado contra la libertad de expresión
En Tailandia, la primera mujer en asumir el liderazgo del país, Yingluck Shinawatra (novena descendiente de una poderosa familia), tras dos años en el cargo continúa aplicando la legislación sobre delitos de lesa-majestad (artículo 112 del Código Penal), que prohíbe cualquier crítica hacia la familia real. Los afectados por esta norma -en su mayoría “presos de conciencia” según Amnistía Internacional- son personas que pueden permanecer en prisión entre tres y quince años por difamar, insultar o amenazar al monarca y su núcleo.
Las autoridades de Malasia restringieron en 2011 la libertad de expresión al imponer sanciones penales bajo la Ley contra la Sedición de 1948 a quienes criticaban al gobierno. Sin embargo, a mediados del 2012 el Gobierno malayo anunció que derogará esta ley, para establecer en su reemplazo una propuesta conocida como la Ley Nacional de la Armonía, permitiendo disminuir las restricciones a sus habitantes y a los usuarios de Internet.
La República Socialista de Vietnam tiene una disposición particular para evitar la disidencia, la que castiga a los condenados con una sentencia que varía entre los tres y los doce años de cárcel. Se trata del artículo 88 del Código Penal de 1999, que impide distorsionar, difamar o hacer propaganda en contra de las autoridades, así como hacer, almacenar y/o distribuir material en contra.
India, Corea y China
India despliega un mecanismo de vigilancia de internet a través del "IT Rules 2011", establecido por su Departamento de Tecnología e Información, el que prohíbe cualquier contenido que haga peligrar la integridad, la seguridad o la soberanía del país, junto con las buenas relaciones con Estados extranjeros o el orden público. A partir de esto, se han bloqueado sitios web de distinta índole (de noticias, entretención, etc.) en los últimos años.
En 2012, usuarios y opositores políticos criticaron a las autoridades por exigir a compañías de Internet que bloquearan más de 300 páginas web y decenas de cuentas en Twitter, con el argumento de evitar comentarios que aumentaran la alarma social y provocaran una escalada de violencia en el conflicto entre musulmanes e hindúes.
En Corea del Sur, durante el mandato del ex presidente Lee Myun-bak, aumentaron las prohibiciones de malas palabras y otras actividades en línea. De hecho, depurar el lenguaje usado en contra de este político fue una disposición del Consejo, la que fue vista por sus opositores como una excusa para silenciar a las voces críticas.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU estudió en 2012 los casos de 100 objetores de conciencia surcoreanos y concluyó que Corea había violado el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, protegido por el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Por último, el Gobierno de China destaca por su firme control sobre el acceso a Internet, pese a ser el país con más gente conectada a la Red. Luego de bloquear distintas páginas de uso frecuente en el resto del mundo, como Facebook y YouTube, a fines del 2012 las autoridades anunciaron una nueva ley que obligará a los usuarios a registrarse consus nombres verdaderos en los servicios de telecomunicaciones.
Según un Informe de RSF, China utiliza como estrategia la suspensión de las comunicaciones en las localidades (Tíbet, Xinjiang y Mongolia Interior) cuando se ha perdido el control de la situación, mientras que la ley prohíbe la difusión de “rumores”; ambas prácticas permiten al Gobierno silenciar las voces disidentes. Por otra parte, AI indicó en su Informe Anual que en China siguen siendo frecuentes los arrestos y las desapariciones forzosas.
Otra arista surgió a fines de 2012, cuando se conoció el robo de computadores y discos duros de los periodistas Cristóbal Peña, Javier Rebolledo y Mauricio Weibel, autores de investigaciones sobre los crímenes de la Dictadura. Debido a la similitud de los casos, el fiscal a cargo de la causa penal iniciada, estimó que constituirían amedrentamiento y atentado contra la libertad de expresión
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