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Se produce un golpe de Estado, que provoca una ruptura del sistema democrático, e instaura un régimen militar autoritario que gobernó hasta 1990. Durante los primeros meses del nuevo gobierno, se dictaron diferentes normas que cuestionaron el sistema institucional. Por ejemplo, el Decreto Ley N°1, del 11 de septiembre de 1973, señala que la Junta de Gobierno “asume el Mando Supremo de la Nación, con el patriótico compromiso de restaurar la chilenidad, la justicia y la institucionalidad quebrantadas, conscientes de que ésta es la única forma de ser fieles a las tradiciones nacionales”.
La Junta de Gobierno asumió el poder Ejecutivo, Legislativo y Constituyente, gobernando vía decretos leyes que se consideran “normas modificatorias” de la Constitución Política de 1925, la cual quedó suspendida parcialmente. Entre otras medidas, la Junta dictó medidas como: el Decreto Ley N°27, del 24 de septiembre de 1973, que disolvió el Congreso Nacional y cesó el ejercicio de las funciones de los parlamentarios ; el Decreto Ley N°77, del 13 de octubre de 1973, el cual se prohibió los partidos políticos de izquierda, que se consideraron “asociaciones ilícitas”.
Además, el 24 de septiembre de 1973, el régimen militar designó una comisión encargada con el objetivo de preparar un anteproyecto de Constitución, la que quedó oficializada por el Decreto Supremo N° 1.064, de 25 de octubre de 1973. Con estas medidas, se produce la interrupción de la institucionalidad democrática en Chile, lo cual tuvo consecuencias visibles en la organización de los procesos electorales y en la participación ciudadana.