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Es el proceso de mejoramiento cualitativo de la organización estatal, de la eficiencia de su gobierno, de la <cultura política de su pueblo, de la participación ciudadana, del ejercicio de la libertad y del respeto a los derechos humanos. Este tema ocupó la atención de los científicos políticos norteamericanos en las décadas de los años 50 y 60 del siglo pasado, quienes hicieron estudios comparativos de las formas de gobierno, de las instituciones sociales, de los sistemas políticos, de las legislaciones constitucionales y de los métodos de participación popular entre diversos Estados, con la pretensión de establecer quiénes iban adelante en el camino del desarrollo político. Pero la tarea no fue fácil por la falta de parámetros de medición de la calidad de la organización social, dado que en este campo no hay, como en el económico, indicadores cuantitativos y cualitativos de validez general, tales como el producto interno bruto (PIB), o el ingreso per cápita (IPC), o el índice de desarrollo humano (IDH). No existen métodos objetivos y de aplicación general para medir el grado de bienestar social, de felicidad o de respeto a los derechos humanos que prima en una comunidad.
En términos generales se podría afirmar que los mayores índices de desarrollo político han alcanzado aquellos países que han sabido combinar las más altas dosis de libertad personal con las mayores proporciones de igualdad social y de seguridad económica. Valores éstos que, en muchas de las experiencias históricas, no han marchado juntos. En algunas de ellas se estableció la seguridad económica sobre las ruinas de la libertad política y, en otras, a la inversa, se afianzó la libertad política en medio de la desigualdad social y la injusticia económica. Estas soluciones incompletas no representaron grados mayores de desarrollo político porque no resultaba eficiente una organización social montada sobre el desprecio y la humillación del ser humano como tampoco lo era otra que, postulando derechos inasibles que se agotan en la gramática de las leyes, condenaba al hambre y a la pobreza a la mayor parte de sus integrantes. Ni la equidad económica entre cadenas ni la libertad de morirse de hambre. El desarrollo político apunta hacia una sociedad en que los seres humanos puedan actuar libremente y vivan con dignidad y seguridad. Deja de ser apetecible la equidad económica conseguida al precio de la renuncia a la libertad o la libertad de ganar salarios de hambre y dormir bajo los puentes. Estos valores no son intercambiables: la falta de libertad no puede compensarse con ingresos monetarios ni la pobreza puede suplirse con la libertad.