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En abril de 2007, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó la reforma al Código Penal que introduce en la Ciudad de México el sistema de plazos en materia de aborto. Esta despenalización es única en su tipo en América Latina, donde la Iglesia católica continúa siendo el principal obstáculo para que las mujeres puedan interrumpir legalmente los embarazos no deseados. Solo en dos países –Cuba y Guyana–, además de Puerto Rico, esta práctica está plenamente garantizada. Tal vez lo más impactante de la situación latinoamericana sea el hecho de que incluso en sociedades con gobiernos democráticos y de izquierda ha sido imposible despenalizar el aborto. Es el caso de Uruguay, cuya sociedad es una de las más laicas de la región, pero cuyo presidente, el socialista Tabaré Vázquez, acaba de vetar la despenalización aprobada por el Congreso. En otros países, como Chile, El Salvador, Honduras y, recientemente, Nicaragua, la presión de la jerarquía católica ha logrado un retroceso de las legislaciones, que permitían el aborto terapéutico, y así ha cancelado la posibilidad legal de interrumpir un embarazo para salvar la vida de la mujer o cuando es producto de una violación.