¿cuando y en qué se bazo el poder derrocar al gobierno democrático?¿qué lugar creían ocupar los militares?
Respuestas
Respuesta:
ocupar el poder absoluto para convertir el estado en una potencia bélica
Explicación:
Respuesta:
Las fuerzas armadas peruanas han venido experimentado en los últimos años un
proceso de reforma institucional, cuyo diseño se ha asentado en dos elementos
fundamentales. En primer lugar, una evaluación de su desempeño durante las dos
últimas décadas, periodo en el que tuvieron que hacer frente a una importante
amenaza subversiva contra el Estado, incorporarse a la lucha antinarcóticos, enfrentar un conflicto bélico internacional focalizado con las fuerzas armadas del
Ecuador y, además, apoyaron políticamente al régimen autoritario que se instala
luego del autogolpe que realizara en 1992 el entonces presidente Alberto Fujimori.
En segundo lugar, la forma en que debe realizarse su inserción en la institucionalidad democrática que empezó a construirse luego de que el régimen fujimorista
se desmoronara, al sobrevenir una situación en la que se combinaron la recesión
económica, la anticonstitucional reelección presidencial del año 2000, la exposición de evidencias incuestionables de una red de corrupción organizada desde
el Estado, la movilización social antiautoritaria y la presión internacional.
Tomada la decisión de reformar a las instituciones armadas peruanas, se
debió considerar no sólo el nuevo panorama que plantea la seguridad nacional
en la actualidad, y los ajustes imprescindibles que deben adoptar para hacerlas
funcionales a los criterios democráticos, sino también la manera de revertir la
serie de resultados negativos provocados por el tipo de acciones en las que se
vieron involucradas durante los años previos, como la alta incidencia que tuvo
la corrupción entre sus mandos, la desestructuración organizativa debida a la influencia política que ejerció sobre ellas el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN),
bajo la conducción del asesor presidencial Vladimiro Montesinos, y las secuelas
generadas por una lucha antisubversiva que generó una alta victimización en la
población civil —especialmente en los sectores rurales más pobres— y que, a pesar
de los tenues avances realizados entre la última etapa del gobierno del presidente
Alejandro Toledo y el inicio del periodo gubernamental del presidente Alan
García, aún espera una decisiva política de reparaciones y, sobre todo, la debida
judicialización a los perpetradores de violaciones a los derechos humanos.
Explicación: