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¿Por qué crees que ocurrió la “noche de los bastones largos”? ¿Qué pasó ese día?.
Se cumple medio siglo de la famosa Noche de los Bastones Largos, uno de los peores acontecimientos a nivel intelectual de la historia de Argentina. Así, el 29 de julio de 1966 cinco facultades de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina, fueron desalojadas y destartaladas a manos de la Policía Federal del país.
Para entender este acontecimiento hay que situarse en un contexto de miedo y represión que se expandía por todo el país. Apenas un mes y un día antes, el teniente general Juan Carlos Onganía había derrocado el régimen democrático de Arturo Illia, de forma que inició la autodenominada 'Revolución Argentina' a través de un golpe de Estado.
Como primeras medidas, el régimen disuelve el Congreso, destituye a la Corte Suprema de Justicia, interviene en las provincias y prohíbe toda forma de política. Por entonces, las universidades públicas argentinas se regían bajo los principios de autonomía del poder político y el cogobierno tripartito compuesto por estudiantes, docentes y graduados.
Sin embargo, la llegada del régimen dictatorial se tradujo a fuertes y violentas represiones que desestabilizaron la tranquilidad estudiantil de las facultades.
Las facultades que cultivaban las ramas de matemáticas, física, química, geología, meteorología y geología junto a las áreas de humanidades, filosofía y sociología lucían cierto fervor por el cambio de la situación del país.
Indudablemente, este hecho no solo significa una mancha negra en la historia de un país que ha sufrido constantes ataques militares, sino que degradó seriamente el nivel académico por el exilio masivo de profesores de la Universidad de Buenos Aires, un lugar de referencia para la educación nacional
Aparte de estas consecuencias 'intelectuales' hay que destacar los numerosos heridos y detenidos aquella noche que dio paso a la llamada 'Fuga de Cerebros'. Tanto los académicos como los alumnos protestaban por la anulación del decreto 16.912 por parte de Onganía, que suponía el fin a cerca de 50 años de autonomía y libertad de cátedra.
Un mes después del golpe, el Gobierno prohibió la actividad política en las facultades y anula el gobierno tripartito. Así, a través de este decreto ley los rectores y decanos se debían convertir en interventores delegados de la secretaría de educación con un plazo de 48 horas para aceptarlo o denegarlo.